Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 03 de febrero de 2021
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones subnacionales
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Yolanda Mamani Cayo / La Paz
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) debe pronunciarse sobre el uso de recursos y bienes públicos en actos de campaña, coincidieron expertos en asuntos electorales y análisis político. El tema cobra relevancia a raíz de que se registró que hay candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) que usan la llegada de las dosis rusas para hacer proselitismo.
Los expertos consultados por Página Siete observan aquella forma de actuar y consideran que el Órgano Electoral debe tomar cartas en el asunto.
Todo esto ocurre cuando faltan menos de 35 días para la jornada de votación, cuando más de siete millones de electores elegirán a gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales en todo el país.
“El Órgano Electoral debería actuar de oficio, no sólo por denuncia de terceros interesados, sino también de oficio (…). El Gobierno está involucrado en la campaña de todos sus candidatos y para ello no se frena en ningún aspecto, ni siquiera ante el marco jurídico que regula las elecciones y que limita la actuación del Ejecutivo en el tema electoral”, puntualizó el exvocal de la otrora Corte Nacional Electoral Gonzalo Lema.
El experto agregó que el Ejecutivo y el MAS cometen un “atropello permanente a la ley” y que si el TSE no hace respetar las normas electorales, las transgresiones a las leyes van a “aumentar en intensidad y en audacia” hasta antes del día de votación.
El 28 de enero, llegaron a Bolivia 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Desde el día siguiente, el presidente Luis Arce empezó una gira por los nueve departamentos del país para inaugurar la vacunación en esas regiones. En Tarija incluso el candidato a gobernador del MAS, Álvaro Ruiz, acompañó a Arce al inicio de la inmunización en esa región y luego difundió fotos en sus redes sociales. .
Otros postulantes de esa fuerza política difundieron mensajes en los que apelan a la vacuna para captar votos.
Incluso días antes, cuando el 11 de enero el presidente Luis Arce entregó en Santa Cruz un lote de las pruebas de antígeno nasal, la candidata a la alcaldía de Santa Cruz por el MAS, Adriana Salvatierra, posó al lado de esos insumos y luego publicó imágenes con la leyenda “Adriana alcaldesa, con la fuerza de Santa Cruz”.
El analista político Marcelo Silva observa que en el proceso electoral en curso, y desde que empezó la campaña, el TSE no se manifiesta de ninguna forma para recordarles a los políticos cuáles son los actos permitidos y los prohibidos en campaña, y pedirles, además, que deben cumplir las normas electorales.
“Desgraciadamente este Órgano Electoral peca de pasividad. La entidad en los procesos electorales debe ser muy clara para establecer comunicacionalmente lo que está permitido y lo que no está permitido (…). Hay un vacío absolutamente grande”, afirmó Silva.
El uso de bienes públicos en campaña electoral está prohibido desde tres frentes: la Constitución Política del Estado (artículo 235), la Ley de Régimen Electoral (artículos 119, 120, 121, 125 y 126) y el reglamento de campaña electoral de las elecciones subnacionales.
El analista Paúl Coca afirma que el Gobierno realiza una “politización implícita” con el tema de las vacunas, y que sus actos emite un mensaje para que la población asuma que el MAS es único frente político que puede hacer gestión y, por lo tanto, el voto debe ser para esa fuerza.
“En el momento en que el Presidente y las autoridades empiezan a hacer las comparaciones con el gobierno de Jeanine Añez, existe una politización natural y obviamente los candidatos del MAS van a seguir esa línea para mostrar la fuerza del Gobierno”, sostuvo Coca.
Ante ese panorama, el exvocal Gonzalo Lema expresó: “El Órgano Electoral se ha caracterizado desde 1991 por su aplomo frente a los partidos, esa es su misión esencial: poner a los partidos a derecho, exigir q ue cumplan, ser fuertes y categóricos. Todo ello se ha desvanecido, al punto de que hoy no sabemos cómo podría actuar y sus fundamentos y justificaciones se evaporan, no arraigan en ningún ciudadano”.