En efecto, las escasas apariciones en público y las sobrias declaraciones que caracterizaron la imagen del Primer Mandatario en las primeras semanas de su mandato han quedado atrás. Desde los primeros días del mes pasado la primera autoridad del Estado se muestra con mayor frecuencia y más locuaz en los actos oficiales que preside.

Ese cambio comenzó con la firma del contrato para la compra de vacunas rusas, se intensificó en la celebración del Día del Estado Plurinacional y se tornó francamente proselitista a mediados de la semana pasada.

Primero fue en Tarija, donde el Presidente llamó “futuro gobernador” al candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) a la gobernación de ese departamento, y formuló su primera mención a las preferencias de su administración respecto del voto de los tarijeños el 7 de marzo para elegir a su gobernador.

“Necesitamos un gobernador que coordine con el Gobierno”, dijo el Presidente al inaugurar un centro de salud, el miércoles 27 de enero. Tres días después, el sábado, en Pando, el Jefe de Estado repitió el mensaje, ampliado y aumentado de una advertencia.

“Es muy importante que el Gobierno nacional tenga autoridades departamentales y municipales con las que se pueda coordinar. Si no tenemos autoridades con las que se pueda coordinar (…) va a ser difícil que el Gobierno nacional pueda ayudarles”, afirmó la autoridad al entregar obras en Cobija.

Ambas intervenciones se produjeron en actos oficiales difundidos a todo el país por el canal estatal. Esas recomendaciones presidenciales recuerdan sin equívoco a las del jefe nacional de su partido, el MAS, cuando era jefe de Estado y candidato, por ejemplo, en Morochata, en junio de 2019 donde prometió acceder a lo que esa población demande a condición de que le garanticen el 100% de votos.

Es evidente que el Presidente no es candidato ni demandó de manera explícita que tarijeños y pandinos voten por los postulantes del MAS, pero es también evidente que las recomendaciones de un jefe de Estado acerca de lo que espera como resultado de las elecciones están fuera de lugar.

Y no solo eso, sino que también son contrarias a la Constitución que obliga a los servidores públicos a “Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública”.