La presidente de la APDHSC, María Inés Galviz, se apersonó este viernes hasta las instalaciones del Hotel Swissôtel de la capital cruceña, donde fue recibida por Giovanna Mendoza, responsable de la recepción de la documentación para la GIEI-Bolivia, en el marco de las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Galviz, explicó a la ABI, que el informe fue elaborado sobre los hechos ocurridos “tras la toma de gobierno en noviembre de 2019, a petición de los familiares de los 34 detenidos para que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Santa Cruz verifique la aprehensión en la ciudad y provincias por parte de funcionarios de la FELCC contra personas que, después de un proceso injusto, fueron llevadas a la cárcel de Palmasola”.

“No los dejaban hablar con nadie, aunque tenían abogados defensores, pero poco podían hacer, había mucha injusticia, verificamos que no respetaban la ley ni su debido proceso”, dijo Galviz citando la carta que presentó.

Con la copia firmada, además de fotografías, testimonios y datos de los 34 afectados, Galviz hizo conocer que “en todo el proceso de las detenciones estaban presentes los representantes del Comité Cívico de Santa Cruz, quienes estaban decididos a enviar a todos a Palmasola, donde recibieron malos tratos”.

Aclaró también que “los representantes del Comité Cívico no se presentaron ni brindaron ningún informe sobre los hechos de 2019” durante los dos días, de esta semana, que el GIEI-Bolivia estuvo en Montero, Santa Cruz, esperando por los familiares de las víctimas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes retornó al país, el pasado domingo 23 de enero, para continuar con las investigaciones. Los días miércoles 27 y jueves 28 de enero, estuvieron en Montero, donde volvieron a recibir los testimonios e informes que quedaron pendientes de su primera visita realizada en diciembre de 2020.