Las elecciones nacionales de 2020, originalmente programadas para mayo del año pasado, acabaron llevándose a efecto en octubre con una amplísima participación ciudadana. En primera instancia, el TSE mantuvo inamovible la primera fecha, en celoso cumplimiento de la normativa emanada por ley y luego, por las evidencias de la gravedad de la calamidad, modificó la fecha de la convocatoria dos veces, con la aprobación del Legislativo siempre al límite de la anterior.

La postergación también dio lugar a que el Órgano Electoral desarrollase protocolos de bioseguridad óptimos y que los comicios se verificasen en un momento de meseta del mal. La ciudadanía respondió masivamente y el operativo electoral no derivó en una amenaza a la salud pública. Aunque solo podemos conjeturar, es de sentido común pensar que si las elecciones se realizaban en momentos pico de contagios, las mismas hubieran tenido dos efectos contraproducentes: ausentismo y propagación del virus.

En lo político, la postergación benefició al MAS porque día que pasaba, el acelerado descrédito del gobierno anterior sumaba puntos a sus filas. El resultado, obtenido en buena ley, como lo sostuve desde que se conoció, así lo confirmó y acá estamos con un gobierno en plena crisis de salud que no atina a enfrentar con decisión el problema y ha optado por dos “medidas”: cruzarse de brazos hasta que lleguen las vacunas –invitando cordialmente a la ciudadanía a aguantar mientras eso ocurre- y pasarle el fardo, sin acompañarlo de recursos, a los gobiernos locales y regionales para que se las apañen como puedan.

Se puede lucubrar si otro gobierno hubiese hecho mejor las cosas frente a este desastre, pero difícilmente lo hubiese hecho peor. Vamos a razón de 50 conciudadanos muertos por día a cuenta del enemigo microscópico y no hay mucha motivación para ser optimistas, por el contrario, la situación es varias veces más calamitosa que en marzo/abril de 2020.

El Tribunal Electoral ha determinado que la fecha de convocatoria a las llamadas “subnacionales” se mantiene. Es decir que éstas se realizarían el 7 de marzo, contra viento y marea. Varios partidos, con mayor o menor convencimiento, e instituciones se han pronunciado por una prudente postergación, dado que las proyecciones apuntan a que, hacia finales de febrero y principios de marzo, el nivel de contagios estará en su pico. ¿Es ese el escenario propicio para una elección?

Curiosamente, el MAS es el único partido que se opone tajantemente a la postergación. Las razones se pueden deducir atendiendo a las líneas anteriores: día que pasa, el gobierno aumenta su descrédito y esto repercute en la intención de voto de quienes lo representan en las “subnacionales”. Si por el MAS fuera, las elecciones serían mañana mismo. Imaginemos una postergación de tres meses, siempre sujeta a una pericia de especialistas en salud pública, y que las vacunas prometidas no hubiesen llegado…

De tanto en tanto, surgen ciertas sobredeterminaciones que condicionan la voluntad, incluida la institucional. ¿Quiere el TSE repetir el éxito del 2020? o prefiere un estrepitoso fracaso de convocatoria y de seguridad. De la opción que elija, depende su propio futuro.

Me encantaría que cuando se publique esta columna, la autoridad electoral haya optado por la primera opción y comenzado consultas para una nueva fecha. Prefiero una columna “resfriada” a una muerte por elección. Pero si el TSE persiste tozudamente en mantener la fecha, por favor vaya alistando mi boleta de multa por inasistencia. La puedo pagar por adelantado, inclusive.

Puka Reyesvilla es docente  universitario.