Los conflictos que han cercado al Gobierno central son la expresión de un descontento de sectores que exigen la atención a sus demandas, la pérdida de credibilidad, además de que los movimientos sociales afines a la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS) perdieron su capacidad de representación, sostienen dos analistas políticos.

De acuerdo con las apreciaciones, después de 12 años de gestión, se observan el agotamiento de este proceso que hasta la fecha no ha logrado la transformación estructural de la justicia, la falta de respeto a una decisión ciudadana expresada en el referendo del 21 F, la cooptación de sectores a través de la imposición de grupos paralelos, la represión a movilizaciones y la violencia.

En los primero seis meses del año, el Gobierno enfrentó al menos cinco conflictos de gravedad: el del Código del Sistema Penal, que era arrastrado desde el año pasado, de los productores de la hoja de coca de los Yungas de La Paz (Adepcoca), de la Central Obrera Boliviana (COB) el paro nacional por el 21F y, el último, el movimiento de la comunidad universitaria de El Alto, en el que Jonathan Quispe, un estudiante de primer año, perdió la vida producto de la represión policial.

Para el analista Carlos Cordero, estos conflictos están generando un deterioro en la imagen del presidente Evo Morales y ,obviamente, su administración por una pérdida de confianza y credibilidad por diversos motivos, tal es así que ya no se considera a los ministros como actores representativos.

“Si bien son conflictos que se han presentado en todo Gobierno, en este último tiempo lo que están haciendo es deteriorar la imagen del presidente Evo Morales, porque el Presidente además está en una carrera electoral. Todo lo que ocurre en este tiempo, el Presidente tiene un afán electoral, viaja, inaugura obras, entre otros”, sostuvo.

Cuestionó la retórica usual del Gobierno que acusa a la derecha, al imperialismo y la oposición de todos los males que le aqueja, y no saber reconocer su falta de capacidad para solucionar las demandas sectoriales.

“Para el Gobierno, todo está bajo una teoría de la conspiración, de que hay grupos poderosos, países que están conspirando contra Gobierno. Es retórica, es discurso, en lo que la ciudadanía ya no cree, ha perdido total credibilidad”, dijo.

En lo que se refiere a conflictos dentro del Estado boliviano, la Fundación UNIR Bolivia estableció que sólo en marzo de 2018 se generaron 102 conflictos: 81 por ciento nuevos y 19 por ciento que se arrastran desde meses anteriores. El 29 por ciento de dichos conflictos han estado relacionados con la gestión institucional, sobre todo del sector público, 18 por ciento con la situación y medidas económicas que se adoptan y 14 por ciento con demandas salariales.

En tanto, el estudioso Yerko Ilich aseguró que los temas fundamentales que afectan de manera directa a las personas no fueron solucionados en estos 12 años, como son salud, justicia e institucionalidad.

En su oportunidad, Ilich señaló que el Gobierno central administra el 85 por ciento de los recursos del Estado y que lo utiliza en programas que no generan un beneficio para la mayoría de la ciudadanía, pero a ellos sí  les genera un beneficio político electoral.

Sostuvo que para este régimen sus mejores años han pasado: de 2006 hasta 2009 porque hubo importantes reformas y novedades. Desde entonces, el sistema para este Gobierno se ha estancado y sus logros son muy similares a los de su primer periodo. Un claro ejemplo de esto, señaló, es la falta de capacidad para solucionar la demanda de la UPEA.