Algunos diputados del MAS, incluido el presidente de esa Cámara, manifiestan su disgusto con los resultados de la primera encuesta de preferencia electoral que encargó una red de televisión a una empresa especializada en ese tipo de estudios, en la perspectiva de los comicios subnacionales del 7 de marzo.

Es comprensible el desagrado de los diputados masistas, pues la mayor preferencia de todas las candidaturas corresponde a una que su partido desechó y es, además, para la alcaldía del segundo municipio más importante del país.

Lo que es menos compresible es que su disgusto llegue al punto de pretender “fiscalizar” esos estudios y a las firmas que los realizan, porque, según asegura uno de los descontentos, desde 2005 las empresas encuestadoras “hicieron perdedor” al MAS en todos los comicios que participó.

Otro diputado, electo en El Alto, no solo critica a la firma que realizó la encuesta mencionada, sino que advierte con represalias: “Queremos pedirles a esas encuestadoras que hagan bien su trabajo, porque nosotros también podemos sancionar a estas encuestadoras que están dando falsa información”, declaró a un periódico paceño.

“Es una vergüenza lo que publican algunas encuestadoras, tomando un universo muy reducido para saber las intenciones de voto. Lo que tratan de hacer es manipular y direccionar al electorado”, afirma ese diputado alteño.

Más bien lo vergonzoso parece ser la carencia de información acerca de cómo se realizan las encuestas. El mencionado legislador ignora que, en este caso, por ejemplo, el universo del estudio cuestionado está conformado por todos los votantes y que la investigación se aplica a una muestra representativa de la totalidad. Es decir, a un grupo de personas, reducido –porque es imposible interrogar a varias decenas o centenas de miles–, pero compuesto por una variedad –en términos de edad, sexo, domicilio, preparación, ocupación, etc.– de individuos seleccionados de manera que reflejen la composición de la totalidad.

Respecto de la capacidad que puedan tener las encuestas de “manipular y direccionar al electorado”, es una conjetura que estudios académicos serios invalidan, pues comprobaron que “no son decisivas para determinar el voto” ciudadano.

En lo que sí pueden influir las encuestas es en la decisión de los candidatos de continuar con sus pretensiones o abandonarlas, como sucedió con la candidata Áñez en las elecciones nacionales de hace tres meses.

Lo que preocupa del afán de los legisladores masistas es que éste pueda llevarles a tomar iniciativas susceptibles de coartar las libertades de información y de expresión. Y eso es un peligro para la democracia.