Ya hablamos del olvido de la agenda descentralizadora y autonómica, y parecería que también las crisis sanitaria y económica estuvieran casi ausentes. Por lo mismo todo se sigue limitando a ofertas y promesas de proyectos municipales y departamentales que podrían hacerse en cualquier tiempo, como si la pandemia y sus devastadores efectos no existieran.

Es que no será posible enfrentar los nuevos desafíos con las viejas estructuras departamentales y locales que ya se mostraron insuficientes en los 5 años anteriores sin pandemia.

Un drástico recorte de las transferencias ya anunciado, y la recentralización del presupuesto nacional, no están siendo tomados en cuenta y, por lo mismo, tiende a primar la demagogia que se agravará si es que en los planes gubernamentales no se incluyen claras modificaciones institucionales, presupuestarias y de comportamiento. Todos los municipios y gobernaciones requerirán ajustes mayores que, en momentos de crisis, no pueden ser sino políticas de saneamiento al menos en tres áreas que hacen a la gobernabilidad subnacional. Veamos:

En primer lugar, está el saneamiento institucional que supone una restructuración de la organización gubernamental subnacional, no tanto para reducir personal sino para adaptar la estructura organizacional a los nuevos desafíos. Se trata de readecuar los gobiernos locales y departamentales dando prioridad a las reparticiones encargadas de la salud y de la reactivación económica. Las tareas de salud ya no pueden estar subsumidas en el genérico concepto de “desarrollo humano”, cuando los centros de 1er nivel y los hospitales de 2.° y 3er nivel son los instrumentos principales del enfrentamiento de la pandemia. El 1er nivel, cualquiera sea la dimensión del municipio, debe convertirse en el lugar privilegiado para la prevención, el diagnóstico y la contención del virus, y para ello se requerirán importantes e inmediatas inversiones en infraestructura, equipamiento e insumos médicos, amén de la obligación departamental de provisión de ítems.

Las ciudades capitales no pueden prescindir de centros de aislamiento, de brigadas de control barrial y, en su momento, de centros fijos y móviles de vacunación masiva. Los hospitales de 2.° nivel, siguiendo el ejemplo de La Paz, tienen que convertirse en hospitales con unidades de terapia intensiva con el equipamiento técnico y el personal especializado respectivo. Y el 3er nivel tiene que optimizar sus unidades departamentales para atender la pandemia sin descuidar otras patologías graves.

Por supuesto que todo lo anterior no podrá efectuarse sin el concurso del Gobierno nacional que aún no ha ido más allá de la compra de pruebas y vacunas y que, necesariamente, tiene que alcanzar, de inmediato, al equipamiento especializado (respiradores), la provisión masiva de medicamentos y la creación de ítems para la contratación y movilización de un personal imposible de ser financiado solo por las gobernaciones.

En segundo lugar y para atender lo primero urge un saneamiento financiero frente al recorte, a la recentralización de los recursos y a la caída de los ingresos, redireccionando de manera estructural el presupuesto. No será posible, al menos durante 2021, alentar nuevos y grandes proyectos urbanos. A lo mucho podrá atenderse la continuidad de las obras en ejecución modulando plazos más holgados, porque toda la restructuración institucional planteada tendrá que ser financiada en gran parte con recursos propios. Sin embargo, la conocida insuficiencia de éstos, solo podrá ser suplida mediante fideicomisos financiados con préstamos de la cooperación internacional que contraiga el Gobierno nacional, o con endeudamiento directo que puedan contratar algunos gobiernos locales y departamentales con mayor fortaleza financiera.

El plan operativo anual y el presupuesto de 2021 solo deberán atender las obras y los servicios básicos imprescindibles, y el gasto corriente deberá recortarse reduciendo plantas ejecutivas frondosas y elevados sueldos jerárquicos. Tienen que crearse estructuras organizacionales que programen y ejecuten acuerdos y pactos público-privados con empresarios, artesanos, cuentapropistas, comerciantes, universidades y ONGs para reactivar las economías locales y departamentales, en la perspectiva de la producción de alimentos y del impulso a emprendimientos turísticos, gastronómicos y comerciales, al tiempo que se genera empleo público con obras barriales de alta absorción de mano de obra.

Y en tercer lugar deberá implementarse un plan integral de saneamiento ético para combatir la corrupción. Mecanismos institucionales de prevención, control y sanción permanentes deben instalarse junto a la información y el control social. La ética en la función publica no solo preserva el escaso patrimonio institucional, sino que refuerza la confianza ciudadana garantizando la gobernabilidad, más allá del siempre volátil resultado electoral.