Tengo aversión contra las manifestaciones callejeras violentas. Creo que las cosas se desmadran fácilmente y que ese es un escenario que pone en riesgo la vida de ciudadanos que tal vez estaban allí por casualidad, en el momento y el lugar equivocados; o que estaban haciendo demandas justas, pero que ni de lejos valían lo suficiente como para arriesgar la vida.

La última vez que vi a estudiantes de la UPEA en vivo en una manifestación  fue hace 10 años, precisamente por estas fechas, en plena avenida Arce, y tengo que decir que me hicieron asustar. Era una manifestación relativamente numerosa contra la embajada americana y la que más temor causaba era, precisamente, la “comparsa” de la UPEA. Las fuerzas policiales lograron disuadir al aguerrido grupo y yo, que estaba allí de curioso, terminé gasificado junto a otros cientos, de manera asfixiante, pero las cosas no llegaron a mayores.

La muerte del joven Jonathan es una variante en este “proceso de cambio”, compuesto y armado en base a bloqueos y manifestaciones callejeras.  No sé cuán violento fue el accionar de los jóvenes estudiantes, pero esta vez fueron disuadidos de una manera brutal. La Policía utilizó por lo menos un arma letal y no armas disuasivas para disolver la manifestación, y eso es algo extremadamente grave.

No creo que se pueda culpar al presidente Morales de esta muerte, ni siquiera al ministro Romero (más allá de que la responsabilidad de este atroz hecho no queda exclusivamente en quién disparó el arma asesina).  No, el Ministro no es culpable más que de sus propias acciones y de sus declaraciones, y éstas son excesivamente graves. En primer lugar, porque con un poco mayor de sentido común, él no necesitaba hacer aseveraciones tan contundentes y tan amenazantes en los primeros días del terrible hecho.  Sólo una falta de inteligencia, que no es acorde con las necesidades del cargo que ocupa, pudieron haberlo llevado a eso y, de paso, a intentar obstruir una investigación seria, amenazando con un juicio a quienes le contradijeran.

A pesar de lo terrible de la muerte del joven, este es un hecho que puede darse aún en un gobierno sensato y respetuoso. Las amenazas del Ministro de Gobierno, del hombre que está a la cabeza de la Policía, por el contrario, son inaceptables en un Estado democrático. Romero ha hecho gala de un autoritarismo que hace daño a todo el Gobierno. El terrible error que ha cometido, y que siembra más dudas que certezas sobre el respeto al elemental derecho humano a la vida que tiene el gobierno de Evo Morales, debería molestar al Primer Mandatario y a los cardenales del MAS. Y no basta que le recriminen, digamos en la intimidad del sauna presidencial; se necesita una señal pública al respecto.

El ministro Romero ha salido por la tangente al querer convertir el reclamo sobre este hecho como un asunto de la “derecha”. Mas allá de que se trata de una argumentación infantil y penosa, (lo que hacen los otros está mal y lo que hacemos nosotros está bien), tiene que darse cuenta de que sus aseveraciones se parecen enormemente a las del infame Luis Arce Gómez.

La forma errática en que el Gobierno ha encarado este terrible suceso se convierte en un importante argumento para pensar en la urgencia de un cambio de actores políticos,  en lo terrible que es la calcificación de roscas de poder, en lo fundamental que es para el bien del país que nadie se eternice en éste.

Viéndolo desde otra perspectiva: gracias ministro Romero, usted está ilustrando, de manera inconfundible, la importancia de ese recambio y está dándole una gran fuerza a los argumentos del “Bolivia dijo NO”.