El documento es firmado por el Instituto para el Desarrollo Humano, Cáritas, Jubileo, Cedib, Fundación Tierra, Cipca, Repam, Iphae, Centro Juana Azurduy, Unitas, Colectivo Casa, La Ruta de la Democracia, Cejis, Pascar, Pasocap, Agrecol, Proceso Servicios Educativos, Red Umavida, Cerdet, Ecam, Aynisuyu, Fundación Machaqa Amawta y CEP.

El pronunciamiento consideró importante que las vacunas compradas por el Gobierno lleguen a tiempo y cuentan con estándares de calidad, pero también instó a que se permita iniciativas privadas o de sociedad civil para que lleguen dosis oportunamente al país no solo por la vía gubernamental.

Llamó a que las autoridades garanticen también el acceso efectivo a medicamentos y a unidades de terapia intensiva para pacientes en estado crítico.

Asimismo, se pidió al Gobierno brindar espacios de apertura y escucha de las organizaciones de sociedad civil, para aunar esfuerzos e implementar medidas consensuadas e inclusivas.

EL PRONUNCIAMIENTO

COVID 19: La vida antes que la política y el negocio 

La pandemia está cobrando demasiadas vidas en el país y los esfuerzos institucionales para reducir las muertes y el sufrimiento de las familias bolivianas no son suficientes y no están respondiendo oportunamente a este problema de salud pública. Pesa sobre los líderes del mundo y de las autoridades nacionales y locales una responsabilidad con la humanidad. 

Nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de salud buscan enfrentar la pandemia en medio de un sistema de salud en estado crítico y precario. A ellos y ellas, nuestro mayor reconocimiento por su entrega para intentar salvar vidas. Expresamos nuestro dolor por la muerte de tantos y tan valiosos profesionales, y nuestra solidaridad con sus familias. 

Escuchamos con preocupación declaraciones de autoridades, algunas de forma irresponsable e insensible, que nos ponen en alerta para demandar respuestas urgentes. No necesitamos proyecciones ni planes mediáticos, sino soluciones reales, porque dejar a la población desprotegida frente a un problema de salud pública es una flagrante violación a los derechos humanos.  La obligación del Estado y de quienes circunstancialmente lo administran es proteger a su población, garantizando los derechos a la vida y a la salud, el acceso a tratamiento médico oportuno y confiable; además de las medidas económicas razonables que deben acompañar la difícil situación que deja la pandemia. 

Ponemos atención en el informe de Amnistía Internacional y de más de 60 organizaciones y personalidades internacionales que denuncian un escenario tremendamente crítico en la realidad mundial, cuando constatan que los países desarrollados tendrán la cantidad suficiente de vacunas, y que acapararon tanto que inclusive dispondrán de tres veces más la cantidad de dosis que requiere su población; lo que reflejaría que no existen voluntades reales para que la solución sea de acceso universal. 

Este informe nos advierte que en los países pobres 9 de cada 10 personas no recibirán este año la vacuna contra la Covid-19.  Estamos ante un problema global que requiere una acción global. Nuevamente estamos ante una controvertida realidad de diferencias entre países ricos y pobres. Y al interior de nuestros países, también advertimos brechas de desigualdad. 

Exigimos que la vacuna sea universal, más allá de los intereses privados de empresas que pueden llevar a verdaderos genocidios, solo por su ambición e interés de enriquecimiento a costa de la desgracia humana. Es incluso posible el riesgo de que se genere un mercado negro de vacunas, con prácticas deshumanizadas y mercantilistas. 

Si bien el Gobierno comprometió la obtención de 15 millones de vacunas, de las cuales solo 6.000 llegarán a fin de mes, es importante que éstas lleguen a tiempo y tengan los estándares de calidad; pero también es necesario que se permitan y regulen iniciativas privadas o de sociedad civil para que lleguen oportunamente al país, no solo por la vía gubernamental, de esta manera contribuimos a que no se vaya a crear un clima de especulación que ya vemos con preocupación en la adquisición de insumos o medicamentos. 

Las autoridades deben garantizar el acceso efectivo a medicamentos y a unidades de terapia intensiva para pacientes en estado crítico. El control de precios de medicinas y servicios referidos a la pandemia es de poca magnitud frente a lo que estamos enfrentando. 

Demandamos mayor presencia internacional al Gobierno del presidente Luis Arce y respuestas más efectivas. No estamos ante un problema ideológico, sino frente a una crisis estructural que requiere de capacidad de gestión en los distintos niveles del Estado nacional, regional y municipal. 

Están en juego la vida, la salud y la seguridad de los bolivianos y bolivianas. Pedimos al Gobierno brindar espacios de apertura y escucha de las organizaciones de sociedad civil, para aunar esfuerzos e implementar medidas consensuadas e inclusivas.