“No conozco ese informe, pero somos conscientes del estado en el que se encuentra nuestra justicia. Este año hemos dado avances importantes, se han retirado el 10% de jueces y magistrados que tenían proceso”, explicó Arce en conferencia de prensa. 

La investigación internacional, realizada a partir de 100.000 encuestas a hogares  y más de 2.700 entrevistas a expertos docentes de derecho y abogados, concluyó que en Latinoamérica y el Caribe, la evaluación nacional solo supera a Venezuela. 

Los datos de WJP detallan que, a escala mundial, la justicia boliviana ocupa el puesto 104 de 113, por debajo de naciones como Nigeria, Bangladés y Honduras, advirtiendo que “el estado de derecho a menudo es eludido, y el sistema en sí mismo es muy débil e ineficiente”.
Arce cree que estos problemas se solucionarán con la elección de diciembre y convocó a la población a que vaya a votar sin anular su voto. “Entre los candidatos hay una gran cantidad de personas absolutamente valiosas”, aseguró.

Desde Santa Cruz el ministro Romero, antes de dar su parecer sobre el tema y admitir que comparte el estudio de WJP, dijo que no sabe si es el más indicado para dar su opinión, por que ha venido señalando que la justicia en el país se encuentra en una crisis tan profunda, en la que se pueden identificar situaciones anómalas como la corrupción, la dilación procesal, la ausencia de transparencia en su accionar y la injusticia.
“No sería justo poner a todos los operadores de justicia en la misma bolsa, pero esa es la imagen que los ciudadanos tenemos de nuestra justicia”, apuntó Romero y pidió, al igual que Arce, la participación ciudadana para los comicios judiciales del 3 de diciembre, “donde el voto útil servirá para transformar la justicia”.

Consultado sobre estos datos, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, manifestó que la justicia boliviana tiene sus luces y sombras; empero, reconoció que existe una debilidad institucional.