Me propongo analizar críticamente los argumentos esgrimidos en la mencionada columna para mostrar que la decisión no es tan sencilla como se la pinta, ni es aún el momento de tomarla.

El primer argumento se basa en la comparación entre las secuelas pandémicas de la votación de octubre pasado que, estadísticamente, mostrarían que no hubo un rebrote postelectoral en los días sucesivos a los comicios, y las posibles consecuencias de acudir a las urnas en marzo. Sin especular sobre el contagio del virus de la inoperancia gubernamental a partir de noviembre, hago notar que la comparación falla por la incertidumbre acerca del período de incubación del virus, del número de asintomáticos que pueden haber contribuido al rebrote de diciembre y, sobre todo, de la diferente pendiente de la curva de contagio. En efecto, en octubre la curva estaba en descenso, ahora está ascenso, con la única esperanza de que se aplane si seguimos el consejo de “resistir y aguantar”. El autor del consejo anterior acierta en señalar que el número de casos detectados es proporcional a las pruebas de detección, pero no aclara si esas mismas pruebas son las causantes de la mayor cantidad de muertes, incluso de candidatos, que sufrimos. En resumen, el argumento no vale, porque las dos situaciones (octubre 2020 y marzo 2021) no son comparables, y solo queda esperar la evolución de la curva de contagios, que dependerá de los cuidados de la gente y de la capacidad de respuesta del sistema sanitario, hoy saturada.

El segundo argumento -la relativa seguridad de los recintos- depende de la infraestructura de los colegios, fiscales y particulares, que suelen destinar un aula entera para emitir el voto y un pasillo estrecho para las mesas. Quien sabe hay más seguridad en un templo o en un supermercado que en esos recintos.

En cuanto a las campañas electorales, podemos convenir que éstas son las más pobres y distanciadas, en el tiempo y en el espacio, de la historia. De hecho, la gente votará en su mayoría por siglas, en perjuicio de los candidatos outsiders que ven reducida la posibilidad de darse a conocer con medios baratos (visitas puerta a puerta, panfletos, mítines). Si, como es previsible, el máximo del rebrote coincidirá con el clímax de la campaña, la votación será un mero acto formal, obligado, además, por las anacrónicas sanciones por no querer ejercer un derecho (sic).

Además, se menciona la presunta intención de las autoridades en ejercicio de prorrogarse con la excusa de la pandemia. No conozco autoridades electas que, escudándose detrás del nefasto tema de la re-reelección, estén en campaña. Al contrario, las elecciones pueden motivar al gobierno a posponer la toma de urgentes medidas económicas que, de tomarse ya, posiblemente afectarían sus aspiraciones electorales. En efecto, una postergación prudente les obligaría a actuar de una vez o a seguir difiriendo su responsabilidad. ¡Quisieron la bici, pero se resisten a pedalear!, diría mi abuela.

Finalmente, una encuesta podría avalar la percepción general que las familias tienen hoy otras prioridades que votar: salvar su vida y la de sus seres queridos, a la espera de medidas económicas que les devuelvan la esperanza.

Por todo lo anterior, lo más sensato sería no precipitarse, esperar un tiempo prudencial y evaluar, sin prejuicios ni cálculos, la tendencia de los contagios y el plan de vacunación para tomar la decisión de postergar o seguir adelante con los comicios.