Aunque la segunda ola de la pandemia se avizoraba, nunca se la pensó tan dramática. Se esperaban, por parte del gobierno nacional entrante, acciones de prevención, planificadas, decididas y comprometidas con la salud de la población, jamás se imaginó la actitud irresponsable con la que se abordó esta nueva fase de la emergencia, al extremo que el propio Presidente del Estado, con total desparpajo, pidiera a la población, simple y llanamente “aguantar”. Por su parte, las restricciones sociales diseñadas para contener la propagación del virus, cuya implementación corresponde a los gobiernos locales, prácticamente desaparecieron. La ciudadanía, en su gran mayoría, hizo lo suyo, incumplió con las sencillas y ya conocidas precauciones a su cargo. Resultado de todo esto: enfermedad descontrolada y muerte.

Ahora bien, si las condiciones que se esperaban no se dieron y, por el contrario, se generó un contexto radicalmente distinto, no parece racional persistir con el curso de acción; por lo tanto, mantener el calendario electoral incólume, como tozudamente pretende el Órgano Electoral, es atentar contra la salud y la vida de la población. El acuerdo de 18 puntos que esta institución propuso firmar recientemente con las organizaciones políticas para proseguir con las elecciones, no cambia el contexto. Las condiciones sanitarias no están dadas para continuar con las campañas (ya incluso han muerto varios candidatos) y no hay atisbos de que esta realidad mejore para la fecha de votación. Queda entonces actuar con responsabilidad, poniendo la salud y la vida de los bolivianos por delante y eso significa posponer el proceso electoral por un tiempo, el estrictamente necesario según criterios médicos. La situación así lo impone.