Las elecciones se realizan por un propósito importante, no un capricho. Que las autoridades, ya sea nacionales o subnacionales, se renueven cada cierto tiempo es parte de uno de los aspectos más importantes de la democracia, la alternancia en el poder. Obviamente siempre podrá haber flexibilidad, pero mantener a personas en sus cargos casi de manera indefinida no es algo positivo. Los actuales alcaldes y gobernadores debían haber concluido sus gestiones en mayo pasado, y ocho meses después siguen ejerciendo sus funciones. Si las elecciones se realizan en marzo, como está previsto, las nuevas autoridades serían posesionadas en mayo próximo, es decir exactamente un año después de lo originalmente previsto. En vez de durar cinco años en sus cargos, como dice la CPE, habrán estado seis, un 20% más. Si los comicios se posponen, obviamente más larga será esta extensión.

Todo ello no quiere decir que no se deba proteger la salud de las personas. Si hubiera que elegir entre la salud pública y la fecha de los comicios, probablemente habría que optar por la primera. Pero tal vez se puedan armonizar ambas cosas. Una de las opciones es que el organismo electoral prohíba la realización de campañas y movilizaciones. Los candidatos podrían usar los medios de comunicación y las redes sociales para llevar su menaje a la población, más o menos como ocurrió en gran parte de la campaña presidencial del año pasado. Esta es, evidentemente, una limitación a los derechos de las personas de participar en actividades políticas, pero deben entenderse  en el marco del cuidado de la salud.

Aquello debería complementarse con  las medidas de seguridad sanitaria ya vigentes durante el día de los comicios presidenciales de octubre pasado. Esta solución podría, de alguna manera, prevenir el aumento de la expansión del coronavirus, y por otra, ayudaría a renovar a las miles de autoridades y legisladores subnacionales.