Es que la construcción de un estado descentralizado y autonómico, como establece el Art. 1ro de la Constitución, es consustancial a una visión que supere definitivamente el centralismo como herencia colonial atávica que, junto a otras, ha impedido la construcción nacional. El centralismo, esa concentración excluyente de actividades en un eje troncal, fue el dispositivo colonial para la extracción y exportación de nuestros recursos naturales y marcó el abandono y la exclusión del 80% del territorio nacional que, después de 1825, siguió careciendo de gobierno en el sentido más elemental, que es la administración institucional de los intereses colectivos. Así como no era posible construir país excluyendo con el racismo a la mayoría de la población, tampoco lo era con la exclusión y el abandono de la inmensa geografía nacional.

Ahí la fuerza y la actualidad de la reivindicación autonómica que, pese a las iniciativas post 52 y a la “participación popular” de los 90, sigue siendo una tarea pendiente ante la carencia de estrategias geopolíticas para el desarrollo, de procesos descentralizadores y de gobiernos locales y departamentales con planes y recursos.

Y estos últimos 14 años hemos retrocedido, pese a las previsiones constitucionales del año 2009. No se trata de replicar la confrontación nacional del 2020, pero dejar de lado, con motivo de las elecciones subnacionales, el enorme daño que el centralismo y el autoritarismo le ocasionaron a la descentralización, es un grave error que puede dejar en el vacío todas las propuestas electorales de este marzo. La Constitución Política y la Ley Marco de Autonomías han quedado casi como papel mojado con la recentralización de los recursos, con la invasión de competencias y con la acción represiva contra varias autoridades subnacionales.

Menos del 10% de la inversión nacional está en manos de las 9 gobernaciones y 342 municipios que, sin embargo, tienen que atender las principales demandas cotidianas de la gente. El renovado centralismo ha confiscado recursos y usurpado competencias, para financiar políticas nacionales o para remachar el caudillismo supuestamente benefactor y “obrista”. El impuesto a los hidrocarburos (IDH), que por ley debería destinarse en un 50% a las regiones, ha sido descuartizado y confiscado obligando a los gobiernos locales a financiar la renta de vejez y el bono para discapacitados, amén de solventar al Gobierno central en sus “políticas” de exploración de hidrocarburos, 12%; de seguridad ciudadana, 10%; y hasta de una supuesta “educación cívica”, 0,2 %. 

Nunca el Gobierno del MAS quiso aprobar el pacto fiscal que manda la Ley Marco y después de 2 años de reuniones estériles todo terminó en fracaso. Pero además el presidente se convirtió en supraalcalde invadiendo competencias, destinando recursos y propaganda a obras barriales como mecanismo de promoción política que disminuía o anulaba las gestiones locales y departamentales. 

Para colmo las principales autoridades subnacionales distintas al MAS fueron objeto de una permanente persecución política judicial que los suspendió o derrocó o que, al menos, desestabilizó y asfixió a varias gobernaciones y alcaldías desconociendo el voto mayoritario de la gente.

Por eso, al inicio de las campañas, no podemos sino reclamar a los candidatos un mínimo de claridad político-institucional y algo de honestidad y realismo, si quieren ser gestores responsables de las demandas ciudadanas. Peor en medio de las crisis: de la sanitaria que obliga a destinar grandes recursos a la infraestructura hospitalaria, y de la crisis económica que plantea la reactivación urgente desde los emprendimientos locales y las articulaciones productivas y comerciales departamentales.

Ya se ha anunciado un recorte a las transferencias subnacionales no menor al 30%, y el presupuesto general del 2021 ha aprobado mayor centralización que los años anteriores. Solo el 8,5% de la inversión pública está descentralizada permaneciendo el 91,5% en la billetera del Gobierno.