En pocas palabras, fundamenta su posición la autora del mencionado artículo en la evidencia más o menos real de que luego de las elecciones nacionales del pasado 18 de octubre de 2020, no se registró una escalada de contagios de covid-19. En primer lugar, podemos deducir que eso puede deberse a que, para entonces, en un momento de lógico relajamiento general por el descenso de los contagios, las pruebas, sondeos y rastrillajes habían disminuido también considerablemente. En segundo lugar, ese no-incremento de contagios se debió a que (salvando algunas execrables excepciones) los frentes políticos realizaron sus campañas de forma virtual, sin mucho movimiento callejero. Pero hay más falacias que entraña el antedicho aserto de la autora.

Si la realización de una elección no tuviera nada que ver con un eventual contagio descontrolado y en cadena, en abril de 2020 los médicos, los expertos, y la sociedad en general, no hubieran lanzado un grito desesperado para aplazar los comicios nacionales, cosa que finalmente se terminó haciendo. Además, las elecciones de 2020, por motivos sociales y políticos de conocimiento general, debían hacerse sí o sí apenas la circunstancia se presentara para ello, so pena de seguir estando regidos por un Gobierno que carecía de legitimidad y de escuchar los petardos de los manifestantes que día a día salían a protestar por ese asunto.

Una elección, sobre todo una de las características de las que se hacen en Bolivia, no solamente involucra las filas que se hacen en las puertas de los recintos electorales y las aglomeraciones de los empadronamientos previos, sino una fiesta que a veces las personas se dan en las puertas de los recintos, ya sea compartiendo comidas, ya sea platicando despreocupadamente entre ellas. Si bien no hay minibuses, ni supermercados ni mercados, el contacto físico existe, solo que se presenta bajo diferentes formas, pero no es menor. Por otra parte, en 2020, al menos en mi recinto electoral, no hubo ningún control policial ni militar para que no hubiera gente aglomerada.

Sobre las campañas proselitistas ya es hablar de palabras mayores, pues las caravanas, las concentraciones y a veces las francachelas que ellas suponen, constituyen una seria amenaza para la vida, no solo de quienes son sus militantes más comprometidos, sino, tristemente, de los que tienen a su alrededor.

Ya que tenemos un Ejecutivo y un Legislativo tan inoperantes, tan miopes, tan negligentes, el Órgano Electoral debería tomar las riendas de este asunto. ¿Qué se puede esperar, pues, de un presidente que compara una pandemia mundial con un imaginario “Gobierno de facto”? ¿Qué puede esperarse de legisladores que con mucho esfuerzo pueden leer de corrido un texto?

En octubre de 2020 vivíamos un franco descenso en la espiral de contagios; hoy, sucede todo lo contrario. La elección podría costarnos caro. Podría avivar la llama nefasta. Por último, nadie que se da cuenta de la calidad de nuestros politiquillos aspirantes a puestos de poder ve imperioso un recambio urgente de las actuales autoridades regionales. Por tanto, la realización de las elecciones en marzo de 2021 no puede ser sino un capricho de algunos sectores al poder o una demanda de quienes pretenden medrar a costa del mismo.

Para la tranquilidad de quienes pensamos que la salud y la vida están por encima de cualquier elección, el TSE ya debería pronunciarse, si no para posponer los comicios de marzo, al menos para indicar que la pertinencia de los mismos será evaluada según los informes médicos.