La alianza Comunidad Ciudadana (CC) entregó este miércoles cinco carpetas al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) con testimonios, videos y documentos sobre el caso fraude electoral y la crisis política y social registrada en 2019.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de CC, Carlos Mesa, refirió "hoy hemos entregado a la Comisión de expertos de la CIDH nuestros testimonios (CC) sobre el fraude y la crisis política y social de 2019".

Mesa envió una misiva a los miembros del GIEI adjuntando cinco carpetas con documentación y CDs con imágenes de video sobre los conflictos acaecidos en octubre y noviembre. Dijo que esta acción responde al compromiso que hizo con la GIEI durante la reunión que tuvieron el 14 de diciembre de 2020.

Entre los elementos entregados, está el testimonio de Mesa sobre los hechos postelectorales acaecidos en el país, entre octubre y noviembre de 2019, respaldado con videos.

También se remitió documentos y videos respecto a la quema de la vivienda de la entonces candidata a diputada por el departamento de Potosí, Janneth Chipana; hecho registrado en Betanzos. 

"Con relación al caso de la quema de la Casa de la entonces candidata Janneth Chipana, por los considerables daños sufridos, solicitó se la incluya entre los beneficiarios de las medidas resarcitorias que el GIEI recomienda al Estado de Bolivia", señaló Mesa en su carta.

Así también, se hizo conocer las agresiones que sufrió María José Salazar, actual diputada, por parte de simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el aeropuerto de El Alto.

Comunidad ciudadana igualmente informó sobre otros hechos relevantes ocurridos durante los conflictos de 2019 y detalló las posiciones públicas asumidas por el expresidente Evo Morales y exautoridades de su gobierno, "promoviendo los hechos de violencia".

La GIEI fue creado mediante el Acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019 con el objetivo de investigar los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.