La descentralización del poder mediante las autonomías ha sido de gran importancia para el país; mucho más con el añadido de la Ley de Participación Popular que reanimó los espíritus del sistema municipal. Las elecciones subnacionales de marzo próximo para elegir alcaldes, gobernadores, munícipes y concejales darán lugar a una renovación de todas esas autoridades; pero, en el sentir popular, se espera que quienes asuman funciones no repitan conductas negativas y nada productivas de las anteriores personas que poco o nada hicieron; se tiene la esperanza de que la política partidista instruya, debidamente, a quienes ha escogido como candidatos, que es de desear sean idóneas y las más apropiadas, que no sea una mera renovación de personas que representen a la política sino que sean ciudadanos conscientes y responsables de la misión que se les encomienda.

Las experiencias del pasado, en varios regímenes constitucionales, son amargas porque munícipes y concejales han dejado muy mal recuerdo de labores que no se cumplieron. En cambio, tanto las gobernaciones como los municipios han hecho gastos en sueldos y otros que no corresponderían, dado el poco o ningún rendimiento de munícipes y concejales.

Alcaldías como de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que son troncales y de gran importancia, han recogido solamente decepciones y lecciones de cómo se puede obrar negativamente impidiendo el trabajo de los alcaldes e interfiriendo totalmente en sus labores; son grupos de personas que no han dejado informe alguno de su gestión y menos, al principio de su gestión, han mostrado un programa de trabajo; es decir, han tenido labores improvisadas sin contenido ni importancia significativa para el municipio y la ciudad. Ahora, según la publicidad desarrollada por quienes los propician, muestran “posibilidades e intenciones” que se espera cumplan; que los municipios no sean simplemente para “ganar un excelente sueldo y posiciones en el concierto ciudadano” (como reza el comentario popular); que su trabajo no sea de interferencia al alcalde, sino que tenga aportes positivos y realizables, que no practiquen el nepotismo y hagan de sus cargos medio para favorecer a sus familiares y amigos; que entiendan que han sido elegidos para servir y no servirse del cargo y de la institución; que el Concejo Municipal sea de trabajo y control efectivo, honesto y responsable a lo que se haga en el municipio.

Los mismos criterios se puede aplicar a integrantes de las gobernaciones, cuyos trabajos anteriores son más que decepcionantes porque imperaron el nepotismo y los intereses personales; a más de la figuración y percepción de excelentes sueldos; las interferencias a labores del gobernador (o prefecto) han sido normales y los aportes para un trabajo productivo, muy escasos.

Para la comunidad nacional, poco se puede esperar de munícipes y concejales que más importancia y atención dan a sus tiendas políticas que al trabajo que deberían realizar. Las alcaldías municipales son importantes y necesarias para el desarrollo y progreso de provincias, pueblos y ciudades, especialmente si ese trabajo es cumplido conforme a las normas que señala la Ley de Participación Popular y, además, si se ejerce los controles debidos por parte de la Contraloría General y de instituciones que tengan que ver con el progreso de ciudades, pueblos y villorios. Corresponderá, además, que no se obre bajo sugestiones del “dejar hacer y dejar pasar” que han causado mucho daño a gobiernos y al Estado en general. Elecciones como las que habrá en marzo próximo son necesarias, pero, siempre que luego se obre conforme a principios de honestidad y responsabilidad, que alcaldías y gobernaciones sean efecto de trabajos desempeñados con dignidad y alta moralidad.