Yolanda Mamani Cayo  / La Paz 

Disposiciones del Ministerio Público y de la  justicia entierran de a poco el caso fraude electoral. Ante esa situación, la oposición al  partido azul expresó  su alarma pues  considera que se pretende imponer “una narrativa” con el objetivo de iniciar una persecución.

En octubre de 2020, el fiscal Luis Fernando Atanasio dijo que el informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) no es conclusivo para la justicia, pero en diciembre de 2019 el fiscal Ronald Chávez,   su colega,  manifestó que ese informe sería la base para sus investigaciones.

Transcurrieron más de 14 meses desde las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019, las que fueron anuladas por la Ley 1266,  después de que la auditoría de la OEA identificara “manipulación dolosa” en actas y en el procesamiento del resultado. 

En noviembre de 2019, el Ministerio Público, con base  en  la auditoría de la OEA, de oficio inició una investigación. Entonces se detuvo a exvocales del Tribunal Supremo Electoral (hoy por hoy cumplen detención domiciliaria) y de los tribunales electorales departamentales.

A esa causa, el 12 de febrero de 2020 se sumó la denuncia interpuesta por Carlos Mesa, quien pidió ampliar las investigaciones contra Evo Morales, como autor intelectual del fraude, y contra varios  de su entorno.  No obstante, el 14 de diciembre de 2020, la jueza tercero anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, anuló y archivó la investigación impulsada. 

Recientemente se conoció que, en esa misma fecha, el Ministerio Público, mediante una resolución de sobreseimiento,  eximió de responsabilidad penal a cinco exvocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz.  

Al respecto, la jefa de bancada del Comunidad Ciudadana (CC) en el Senado, Andrea Barrientos, afirmó a Página Siete que estos hechos demuestran que nuevamente el partido azul ejerce un control absoluto sobre el Órgano Judicial, que -a su juicio- se convirtió en el “brazo coercitivo del MAS,  y en su aparato represor”.

“El fraude electoral no es una narrativa que se ha inventado la oposición, es un delito que ha cometido el MAS a la cabeza del expresidente Evo Morales,  en coordinación absoluta con los exvocales del Tribunal Supremo Electoral, los equipos técnicos y los exministros”, manifestó  Barrientos.

“Nosotros -agregó- exigimos una reforma judicial y hemos planteado un programa de reforma y esperamos que sea escuchado, pero además esperamos que la población pueda entender la gravedad de los asuntos que está poniendo en agenda el  MAS”. 

En tanto,  Centa Rek,  senadora de Creemos, calificó el hecho como “grave y peligroso”, y considera que hay un plan dirigido por la cúpula azul, que busca imponer la narrativa de un supuesto “golpe de Estado”,  para perseguir a sus contrarios.

“El plan es claro. Se pretende borrar todas las denuncias y todo lo que demuestre que hubo un fraude electoral  para proceder en la narrativa de un golpe de Estado, empezar la persecución política y quitarse ese estigma. Él (Evo Morales) ha retornado con un plan, paso a paso con sus operadores de justicia que siguen a su servicio”, afirmó la legisladora cruceña.

Juanito Angulo, diputado del MAS,  afirmó que la oposición en todo este tiempo no presentó pruebas de que en las elecciones de 2019 se cometió fraude electoral. Por otro lado, negó que haya una manipulación a la justicia y al Ministerio Público, instancias que -manifestó- lo único que hicieron fue rechazar las denuncias de la oposición ante la ausencia de evidencias. 

 “Si revisamos el informe de la OEA,  no habla en ningún acápite de la palabra fraude. Sí supuestamente habla de irregularidades que habría habido en algunas mesas que no pasan de 210, que ni siquiera es el 1% (…).  No existe ninguna persecución, lo que nosotros buscamos es justicia porque se quebrantó el estado constitucional de derecho”, afirmó Angulo.