El alcalde de la ciudad de Cochabamba, José María Leyes, fue nuevamente detenido, esta vez por el caso mochilas II, el cual se suscitó el 2016, informó ayer el abogado de la autoridad edil, Alberto Trigo. "Lo que no hemos acertado (es) que sea conducido a las celdas de la EPI Norte, ya que él (Leyes) se encuentra con una orden judicial de detención domiciliaria. Él después de la aprehensión debía ser conducido a su domicilio", enfatizó.

Su estado de salud. Asimismo, detalló que tras ser detenido, el burgomaestre tuvo una crisis hipertensiva debido a que fue recientemente  operado de la vesícula. Ayer el fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, indicó  que se determina la detención porque se encontraron los suficientes indicios que demuestran que se benefició de manera indirecta a la empresa que proveyó el material.

La exautoridad está estable. El reporte médico señala que Leyes sufrió una intensa cefálea (dolor de cabeza), y que tuvo "crisis hipertensiva con una elevación de presión arterial hasta 180/110". Se sometió al alcalde a una tomografía de nuca y se observó que no tiene alteración clínica. Se le brindó tratamiento contra la hipertensión y su presión bajó a niveles normales de 140/90. 

Leyes ya tiene antecedentes de hipertensión. Según el plantel médico, ya tuvo una encefalopatía hipertensiva hace tres años cuando estuvo hospitalizado en otro centro de salud. 

Desde el Gobierno. El ministro de Justicia, Héctor Arce, consideró ayer que el exalcalde de la ciudad de Cochabamba, José María Leyes, pone de excusa problemas de salud para evadir su responsabilidad en el caso Mochilas II. "Lamentamos profundamente una serie de excusas por salud, respetamos muchísimo si tiene problemas de salud, pero a estas alturas parece una serie de excusas para evitar la responsabilidad en un segundo caso de corrupción", dijo a los periodistas. Arce se refirió de esa manera a la descompensación que sufrió Leyes después de ser aprehendido por un segundo caso, en el que es investigado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Según dijo el segundo caso "es más grave que el primero", referido a la compra de mochilas escolares para la gestión 2018 con un sobreprecio de 10 millones de bolivianos, caso por el que tiene orden de detención domiciliaria.