Las cifras de contagios, las muertes y los antecedentes internacionales de esta nueva ola de la pandemia del coronavirus no dejan margen para la duda: la gravedad de la emergencia epidemiológica en Bolivia y el mundo es mayor que la del año pasado; esa es la realidad que golpea la vista y los sentidos de instituciones médicas, autoridades departamentales de salud, organizaciones científicas, y hasta algunos partidos, excepto el Tribunal Supremo Electoral, que avanza ciego y sin mirar a ningún lugar para no perder de vista la fecha del 7 de marzo a como dé lugar.

“¿Quieren contar muertos o quieren contar votos?”, interpelaba hace pocos días el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, con una dramática expresión que las personas suelen utilizar cuando ven que se agotan los recursos del lenguaje para dejarse entender o cuando la indiferencia es la respuesta.

La pandemia ha comenzado a atacar ya a los miembros del propio organismo electoral: en el Tribunal Departamental de Santa Cruz hay dos vocales, el secretario de cámara y más de la mitad de los funcionarios contagiados con Covid-19. Con un equipo así de disminuido ¿quién organizará la votación en el departamento?

En La Paz, en lo que va del mes de enero hay 20 médicos muertos en la denominada segunda ola del Covid-19, cosa que no pasó durante la primera ola, hacen notar trabajadores de salud de esa región.

En Santa Cruz, el Servicio Departamental de Salud viene alertando de la necesidad de declarar una cuarentena rígida para cortar el ciclo de contagio del virus.

Como ellos, varios colegios médicos del país han pedido a las autoridades ordenar una nueva cuarentena. Frente a esa medida drástica, de gran impacto negativo en la deteriorada economía de la población, la fecha de las elecciones resulta casi un chiste de mal gusto en medio de la tragedia sanitaria que ha comenzado a saturar las terapias intensivas.

En el Gobierno central, cinco ministros dieron positivo a Covid-19, que vienen a sumar a otros cuatro que ya superaron la enfermedad.

Si algo debiera merecer la preocupación de las autoridades es la pertinencia o no de una cuarentena, considerando que un nuevo encierro sería la muerte de empresas, negocios y emprendimientos. En comparación, las elecciones son de interés casi exclusivo de los candidatos aparentemente también del Tribunal Supremo Electoral: la gente no come votos ni se cura con ellos, pero sí se expondrá a masivos contagios en una campaña proselitista que implica movilizaciones de militantes, concentraciones, viajes, aglomeraciones y varias otras conductas que van en contrarruta de los protocolos de bioseguridad.

La prioridad es la salud y la vida, no la política. La ruta es clara: el Tribunal Supremo Electoral debe tomar la decisión de la postergación en base a las suficientes evidencias médicas y científicas sobre la mayor tasa de contagios y letalidad del virus en esta nueva etapa, y en base a eso debe enviar un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional con una nueva fecha.

Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene que recibir la ley para autorizar la extensión del mandato de los actuales gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales.

La medida debe contemplar una nueva fecha realista, identificada en base a estudios científicos, para evitar que se vuelvan a producir sucesivos aplazamientos, como ocurrió el año pasado con la elección nacional.