La evidencia demuestra que el proceso electoral del año pasado no incrementó los contagios. Si bien el número de casos era menor al actual, no se registró una subida en los días siguientes; al contrario, la curva que inició su descenso a finales de julio, alcanzó su nivel más bajo en el mes posterior a la votación. Desde el 18 de octubre, cuando acudimos a las urnas, los nuevos casos confirmados se mantuvieron en una meseta de alrededor de 125 contagios diarios y el repunte se inició a mediados de diciembre. Con lo cual queda estadísticamente demostrado que la votación no incidió en una mayor propagación del virus. Otro de los temores que había antes de la votación general era que exista un alto nivel de ausentismo, algo que tampoco ocurrió. Según información del Tribunal Supremo Electoral, la participación ciudadana alcanzó el 87% y se mantuvo dentro del promedio histórico.

Más allá de los datos, que son fundamentales para orientar la toma de decisiones, se debe considerar que el día de la votación supone menos riesgo que cualquier otro principalmente porque se tiene bajo control los únicos lugares donde se puede generar aglomeraciones. En los recintos de sufragio es posible limitar el número de personas que ingresan, hacer cumplir las distancias y el uso de elementos de bioseguridad, a diferencia de un día cualquiera donde hay concentraciones sin ningún tipo de supervisión en el transporte público, los mercados, los bares, las filas en los bancos o en los eventos de campaña. Y es precisamente este punto el que se debe evitar: postergar la fecha de votación significa alargar la campaña. Como se ha visto en las últimas semanas, en los eventos proselitistas difícilmente se cumple con las medidas de bioseguridad, no existen las distancias ni los barbijos. El verdadero riesgo sanitario está ahí.
Los candidatos tampoco se esfuerzan por dar el ejemplo, varios han demostrado que los intereses políticos están por encima de la salud pública y que aunque utilicen la pandemia como estrategia de campaña -llevando dudosas brigadas médicas a sus votantes y repartiendo fármacos no probados sin ningún criterio médico- su objetivo es sumar votos a cualquier costo.
Último, pero no menos importante. Si bien el artículo 238 de la Constitución Política del Estado prohíbe que las autoridades de cargos designados o electos sean candidatos si no renuncian tres meses antes de las elecciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional omitió en 2019 esta prohibición bajo el mismo criterio de los “derechos humanos” con el que habilitó a Evo Morales para su última postulación. Los candidatos/autoridades, expertos en callar cuando la vulneración de la ley los favorece, descuidan la función pública por hacer campaña política. En una emergencia sanitaria como la que atravesamos lo correcto es que quienes administran los niveles del Estado estén abocados a su trabajo a tiempo completo, para eso se les paga. Si una sentencia constitucional les permite dejar el escritorio para hacer caravanas, que al menos la ética y la mirada pública se los impida. Mejor votemos cuanto antes y nos quitemos candidatos y campañas de encima.