La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su Art. 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Para dar cumplimiento a este artículo, la Unión Europea acelera su plan anti-coronavirus, ya autorizó su tercera vacuna contra el Covid-19 en los 27 países del bloque que se encuentra bajo presión por los largos procesos de aprobación y el lento despliegue de los inyectables, desarrollados por la compañía Astra Zeneca y la Universidad de Oxford. La Agencia Europea de Medicamentos manifestó que ya se usa en otros Estados como Inglaterra, aunque la OMS alertó que las campañas masivas de vacunación no lograrán la inmunidad de rebaño en 2021, por el virus letal que infectó a más de 90 millones de personas y mató a casi 2 millones en el mundo.

Lamentablemente, a nivel mundial, EEUU tiene más de 376.000 fallecidos, le sigue Brasil con más de 203.000, India más de 151.000 y México más de 134.000, y es peor en otras regiones como Europa, con hospitales al borde de la saturación. En Asia, Malasia declaró el estado de emergencia por temor a que sus sistemas de salud se vean desbordados, mientras que China y Japón adoptaron medidas como el confinamiento, contra focos de contagio localizados.

En Argentina un hombre de 92 años que estaba en grave estado por el coronavirus, falleció, según confirmó el abogado de la familia, Martín Sarubbi, porque un juez obligó a una clínica privada a tratarlo con dióxido de cloro, por pedido del hijastro, a pesar que el uso de dióxido de cloro para casos de Covid-19 no fue autorizado por la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

El rebrote del virus letal tiene la característica de que progresa en dos días, ya no en 14 días como el primer brote. A pesar de esa nueva experiencia, el gobierno de Bolivia no cumple con el Art. 37 de la Constitución: “El Estado tiene la obligación de indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades”. Sin embargo, Luis Arce no tiene una política de Estado para prevenir las enfermedades y la vida como manda la Constitución, por el contrario, se dedica a utilizar bienes del Estado para beneficiar a sus candidatos, como la “chilena” Adriana Salvatierra que hace entrega de estos insumos contra el Covid-19, como si fuera su dinero y el Tribunal Supremo Electoral se hace como el que nada ve.

Vemos a diario las colas inmensas de los enfermos de Covid-19 en los hospitales y clínicas buscando ser atendidos, no saben a dónde acudir. Están en completa indefensión porque los hospitales están colapsados, hasta el punto de cerrar sus puertas porque no cuentan con médicos, intensivistas, que es lo que se requiere para contrarrestar el letal virus. Muchos de los que atendían están en terapia intensiva o están muriendo por el contacto con los enfermos de Covid-19. El Dr. Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, manifestó que el gobierno debe recontratar a los 6.000 médicos que concluyeron su contrato en diciembre de 2019 y que ya tienen experiencia en esta pandemia. Pero Luis Arce hace oídos sordos ante este requerimiento urgente, que beneficia a la población y especialmente a los enfermos de Covid-19 que están muriendo día tras día.

Ante este panorama sombrío EXIGIMOS cumplir el Art. 37 de la CPE, declarar Alerta Nacional y dotar de presupuesto extraordinario a las gobernaciones y especialmente a los municipios que tienen altos índices de contagio y muertes por coronavirus. Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral debe postergar las elecciones subnacionales, porque según expertos epidemiólogos la curva más alta se dará en febrero, por varios factores, entre ellos las campañas electorales que aglutinan a mucha gente, sin cumplir los protocolos de bioseguridad.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.