En Bolivia se atraviesa un enorme déficits de confianza, desempeño y representatividad de las instituciones públicas y organizaciones políticas, según un estudio de percepciones realizado por IDEA Internacional, durante los meses más críticos de la primera ola de la Covid-19. Dicho estudio, se concluye que la pandemia desnudó y agudizó la crisis institucional boliviana, no la causó; pues se combinaron elementos estructurales arraigados, irresueltos y elementos coyunturales que hacen un momento traumático de la historia.

Alfonso Ferrufino, asesor principal de IDEA Internacional en Bolivia, señala que la pandemia ha puesto en tela de juicio la gobernabilidad democrática, la convivencia pacífica y la calidad de la gestión pública.

De acuerdo a la encuesta con referentes de la sociedad civil que incluye el estudio y cuyo reporte de resultados se encuentra alojado en el sitio web: resilienciademocratica.org, en una escala de confianza que oscila entre 1 y 7, el Órgano Judicial, las asambleas legislativas plurinacional y departamentales, las organizaciones políticas, los concejos municipales, gobernaciones, alcaldías y Gobierno nacional no superan el 2,75; resalta el aplazo de la Central Obrera Boliviana (1,85) y el Poder Judicial (2,15).

En contra partida, por encima del promedio aparecen los tribunales electorales, la Policía y las Fuerzas Armadas; por encima de estas, los medios de comunicación, organismos de cooperación internacional, empresas privadas y las ONG que se acercan a un nivel de confianza media.

En cuanto al desempeño institucional, se observa que gran parte de las instituciones del Estado y las organizaciones políticas no cumplen sus roles fundamentales.

La consulta también hace referencia a cuán representados se sienten por las instituciones a la hora de canalizar demandas respecto a la crisis sanitaria, es así que las plataformas ciudadanas (5.31) y las ONG (5,24) son las que gozan de mayor confianza; le siguen las asociaciones de medianas y pequeñas empresas (4,80), organizaciones indígenas (4,53), medios de comunicación virtual y tradicionales (4,44), la iglesia (4,43), Organizaciones Territoriales de Base (4,25) y las cámaras empresariales (4,22).

Mientras las entidades estatales tienen una reducida credibilidad y representación: el Gobierno nacional (3,74), alcaldías de su municipio (3,72), Gobernación de departamento (3,67), organizaciones políticas y Concejo Municipal (3,43), Asamblea Legislativa Departamental (3,16), Asamblea Plurinacional (2,86) y la COB (2,24).

Sergio Lea Plaza, uno de los investigadores manifiesta que “se observa una insatisfacción con la democracia en Bolivia, pero no con la noción de democracia en sí, sino con la forma de implementarla en el país.

“La gente no cree en los políticos, pero va a votar”, señalan coincidentemente entrevistados, como Violeta van der Valk y Carlos Toranzo.

Además en  algunas entrevistas surgió la hipótesis de que la corrupción en el manejo de las instituciones públicas erosiona la confianza y credibilidad de las instituciones. Contribuye a ello la disputa y falta de conexión entre visiones de democracia, especialmente entre la democracia de la deliberación, de la participación, la democracia de la legalidad y las libertades.

Diálogo Nacional

En ese marco, se identificó la necesidad de generar diálogo en el país, pero bajo una nueva fórmula que recibió aceptación: los procesos de diálogo sectorial, con participación de actores políticos, pero cuyo protagonista sea la sociedad civil, bajo la convocatoria, organización y administración del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la única institución que durante el último tiempo fue capaz de generar escenarios para acuerdos entre diversos.

Al respecto, Salvador Romero, presidente del TSE y uno de los entrevistados del estudio, afirma que es compatible con sus atribuciones que el OEP cumpla ese rol, pues más allá de administra procesos de votación, puede contribuir a generar democracia deliberativa.

El estudio contempla grupos focales y entrevistas

El estudio, liderado por los investigadores Gustavo Bonifaz y Sergio Lea Plaza, se llevó adelante entre julio y octubre de 2020, implementando una encuesta digital a  205 referentes de la sociedad civil boliviana  que fueron seleccionados de una base de datos de 2000 personas; además de 21 entrevistas a servidores públicos y 26 entrevistas expertos en temas ligados a la democracia. Diez grupos virtuales de deliberación en  La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Beni.

Crisis sanitaria, gestión desde las autonomías

Los sujetos de estudio “aplazan” a todos los niveles de gobierno frente a la gestión de la crisis sanitaria. Sin embargo, más del 80% de los encuestados considera que la existencia de las autonomías es la mejor garantía para implementar de manera exitosa políticas públicas de cara a crisis como la que vive el país por el coronavirus.

En esa lógica, es unánime la propuesta de fortalecer las autonomías, para acercar el Estado a la sociedad. Se plantea una tarea fundamental, un nuevo pacto fiscal, que permita la distribución de mayores recursos económicos a las autonomías, pues a criterio de los entrevistados la falta de recursos fue el gran problema para los niveles autonómicos.

No obstante, el informe señala que “desde la perspectiva de los encuestados, los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), no tienen una clara estructura institucional, ni estaban provistos de la necesaria infraestructura física en el tema de salud, además de estar afectados por temas de corrupción”.

Además en una crisis de la magnitud como la que vivimos con la pandemia del Covid, implica extraordinarios niveles de organización, comunicación y participación del Estado y la sociedad civil. Pero, en la percepción de los encuestados, solo el 19% considera que se ha incrementado el nivel de comunicación entre el GAD y las organizaciones de la sociedad civil de cara a la gestión de la crisis; frente a un 44% que considera que el nivel de comunicación es similar que antes de la declaratoria de la emergencia sanitaria y un 37% que cree que el nivel de comunicación es menor que antes de la declaratoria de emergencia. Frente a un 60% que sí conoce de iniciativas para enfrentar la pandemia que provengan de la sociedad civil.