Cuando el poder asesina la vida en primavera, como la de Jonathan Quispe Villa, estudiante de 20 años de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) la furia social se convierte en acción fértil ante la violencia sistémica y sistemática de los responsables intelectuales y materiales del régimen. Con sus compañeros, Quispe solo pedía mayor presupuesto para su casa de estudios. Muerte tan inútil como las 86 que ya carga en su haber el régimen. En 12 años, sí han tenido un ‘plan para matar’ adversarios/enemigos políticos y civiles que estorbasen la ejecución del poder “para toda la vida”, ‘línea’ dada por sus mentores caribeños, según Morales. 

Los ejemplos sobran: Huanuni; La Calancha para aprobar una Constitución que mató a la República y a tres personas; Porvenir para tomar preso a un prefecto que apoyaba las autonomías; Hotel Las Américas con ejecución extrajudicial a tres extranjeros para acusar de separatismo y terrorismo a quienes abanderaban la lucha autonómica; Cochabamba y El Alto donde se incendió alcaldías y mató; Panduro donde asesinaron a un viceministro y murieron seis mineros, Caranavi, La Guardia, Palmasola, por citar algunos más. Amén de la represión a los indígenas del Tipnis y Tacobo-Mora, a los llamados discapacitados, las guillotinas judiciales, a falta de las que cortan cabezas -como quisiera el que se denomina el último ‘Jacobino’- para defenestrar a autoridades de la oposición electas democráticamente, someterlos a juicios injustos y tener presos, perseguidos y exiliados políticos.

El poder que se reclama total, es el responsable intelectual de este ejercicio de supervivencia política con desprecio por la vida de los ‘otros’ y de la solidaridad humana. De ahí salen las órdenes que cumplen los autores materiales para usar armas mortíferas. Sin embargo, ninguna de las más altas autoridades nacionales asume su responsabilidad ni da la cara. Se lavan las manos como pinches Pilatos, cobardes al fin y son premiados con embajadas y otras canonjías. Ese poder es el que dota a la Policía de armas letales, ahora de canicas, al estilo venezolano, que con una escopeta o fusil impulsadas por petardos, igual mata. Se las dan para hacer tiro al blanco con la gente, para reprimir/dispersar, haciendo uso violento del monopolio de la fuerza del Estado.

Por si fuera poco, el poder miente sin el menor escrúpulo para escabullir responsabilidades. Se camufla en la famosa “cadena de mando” que, dicen, se rompe en algún eslabón, pero nunca sabemos en cuál.  En el caso del joven Jonathan Quispe asesinado por una canica en la primavera de su vida, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, mintió como si fuésemos subnormales para creer falacias. Primero afirmó que “La Policía no es responsable de la muerte de Jonathan Quispe”. Luego dijo que fueron sus propios compañeros quienes le dispararon; después que esta era una “conmoción social”, una conspiración inducida por la oposición política y, por supuesto, apoyada por la embajada norteamericana. Por último, confesó que lo “habían inducido a un error” y presentó como un trofeo al subteniente de la Policía, Cristian Casanova, imputando por el delito de asesinato al estudiante.

Empero, tres días después, Casanova señaló que él no es el autor del disparo de la canica que provocó la muerte del estudiante el pasado 24 de mayo. Según su abogado Juan Carlos Vaca, el oficial dispuso del armamento reglamentario, cumplió órdenes superiores y niega haber utilizado canicas. En suma, la verdad se escabulle en la nebulosa de la mentira.

El poder interroga a otros policías, llama a diálogo, aglutinan a su gente, pero El Alto está en paro y la Universidad no cede. Pide la destitución de Romero, pieza clave del entorno más duro de Morales. Y aunque el asesinato de Quispe, es uno más en el plan de matar “al que se yergue como enemigo”, Bolivia está en el período preeleccionario de 2019, en el que Morales pretende su inconstitucional cuarta candidatura. ¿Prescindirá de su hábil operador Romero, con su imagen desportillada por abusos, tráfico de influencias, muertes, corrupción y narcotráfico? Para seguir reprimiendo y matando tiene varios sustitutos.

A la crispación social se sumó el alcalde oficialista de Cochabamba, que sindicó a una joven cruceña de “extraña” porque gritó “Bolivia dijo NO” en la inauguración de los juegos de  ODESUR. Extraña en su propio país que no termina de asumirse diverso. Ese grito salió de la mayoría de las gargantas presentes en el Estadio, para exigir respeto al voto del 21F de 2016, cuando democráticamente en un Referéndum nacional, Bolivia dijo NO a la re-re-reelección. Pero les fallan las entendederas.