Al menos cuatro determinaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cambiaron las “reglas de juego” en los últimos procesos electorales y, según expertos, “debilitaron” la autonomía del Órgano Electoral, restándole competencia en decisiones sobre la reelección indefinida, la restricción de propaganda gubernamental en campaña  y el cumplimiento del requisito de  la “residencia permanente” (en dos oportunidades).

“En términos esenciales, el organismo electoral debería tener plena autonomía. Esa autonomía está debilitada por argucias y movidas propias de la política. El Órgano Electoral debería actuar con la ley que tiene frente a sus ojos, pero han limitado sus funciones con estas medidas del Tribunal Constitucional”, manifestó a Página Siete el   exvocal electoral Gonzalo Lema. 

El exlegislador Eduardo Maldonado, quien se vio afectado en las subnacionales del 2015, recordó que ninguna instancia boliviana le hizo justicia ni a él ni a la expresidenta de Diputados  Rebeca Delgado  y aseguró que el TCP incurre en una “peligrosa intromisión”.

“Cuando el TCP pone en suspenso la atribución del TSE para objetar algunas participaciones electorales, está excediéndose en sus atribuciones, está teniendo una intromisión peligrosa con las competencias que son absolutamente atribuibles, única y exclusivamente a la autoridad electoral. El rol que juega el TCP marca una línea de conducta que es cuestionable y genera susceptibilidades sobre la imparcialidad”, dijo.

Las determinaciones 

Cuando faltaba  poco menos de un mes para el referéndum del 21 de febrero de 2016 -sobre la reforma del artículo 168 de la Constitución  que establece la reelección por una vez continua-, el TCP declaró “inconstitucional” el artículo 24 del Reglamento de Campaña y Propaganda que aprobó el TSE, que restringía a 15 minutos las transmisiones de entrega de obras.

Entonces, el Gobierno consideró que el artículo 24 del reglamento  violaba la libertad de expresión de los funcionarios y presentó una demanda de inconstitucionalidad. El TCP emitió la sentencia  0011/2016, que fue  favorable al Ejecutivo 

“Respetuoso del Estado de derecho y de la institucionalidad democrática, el Órgano Electoral Plurinacional acata plenamente la mencionada sentencia constitucional. En tal sentido, el artículo 24 del Reglamento para Campaña y Propaganda Electoral en Referendo queda excluido de esta normativa”, señaló el Órgano Electoral en un comunicado.

El martes 28 de noviembre, el TCP aceptó la inaplicabilidad de los artículos 156, 168, 285 y 288 con la sentencia 0084/2017 y dio luz verde a la reelección indefinida, con lo que Evo Morales pudo ser  inscrito para ser candidato, pese a que la mayoría le negó la reelección en el referéndum del 21 de febrero de 2016.  

El entonces presidente del TCP  Macario Lahor Cortez   señaló que la sentencia constitucional se basó en la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La disposición también declaró la inconstitucionalidad de los artículos 52 parágrafo III, 64 inciso d, 65 inciso b, 71 inciso c y 72 inciso b de la Ley de Régimen Electoral, que limitaban a una sola vez las reelecciones continuas.

El 4 de diciembre de 2018, el Órgano Electoral habilitó a  Evo Morales y  Álvaro García Linera como candidato del MAS rumbo a las elecciones primarias de 2019.

El 27 de junio de 2018, el TCP emitió la sentencia 0024/2018, que habla de residencia intermitente e inaplica en parte los artículos 149, 167, 285 y 287 de la CPE, que exigen el requisito de residencia permanente para los que aspiren a cargos electivos.

En la sentencia  se permite considerar como “residencia permanente” los casos en que “por disposición legal o fuerza mayor” se haya hecho  “intermitente” la residencia de una persona.

El 20 de febrero de 2020, el TSE decidió inhabilitar la candidatura a senador de Morales por incumplir con la residencia permanente. La determinación fue apelada ante la sala constitucional segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que terminó por ratificar la inhabilitación.

Antes de finalizar el 2020, se dio a conocer que la comisión de admisión del TCP emitió el auto constitucional 090/2020   que impide al TSE inhabilitar a los candidatos que no cumplen con el requisito de “residencia permanente”  y que acrediten su estatus de refugiados o asilados políticos.

La senadora y exmagistrada del Tribunal Constitucional  Silvia Salame  sostuvo  que  la comisión de admisión del TCP no tiene competencia para poner en suspenso artículos constitucionales.

“A través de un auto de la comisión de admisión no se puede paralizar un proceso electoral, sobre todo teniendo en cuenta que la Constitución es absolutamente clara en cuanto se refiere al tiempo de permanencia para un candidato. Si el TSE  inhabilitaba a algún candidato, ellos podían recurrir ante el TCP  si se les está vulnerado algún derecho, ahí el TCP podía dictar una sentencia”, manifestó. 
 

 La medida reciente sobre la residencia 

El Tribunal Constitucional Plurinacional dejó en manos del Tribunal Supremo Electoral la decisión de ver a qué candidatos favorece con la medida cautelar dispuesta en el auto constitucional  090/2020, emitido el 28 de diciembre. Esa medida impide la inhabilitación a los postulantes que no cumplan con el requisito de “residencia permanente”.

“La medida cautelar es de cumplimiento para el Órgano Electoral y es ese ente que tendrá que valorar cuáles son las personas que se encuentran dentro de los alcances del auto constitucional y la medida cautelar dispuesta”, señaló el presidente del TCP, Paul Franco, esta semana. 

La autoridad subrayó que el TCP desconoce la situación jurídica de cada uno de los candidatos, y que en la medida cautelar no se particulariza en relación con  ninguna persona en concreto. “Nosotros no sabemos cuáles (candidatos) cumplen o no los requisitos”, sostuvo.