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El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paul Franco, aseguró ayer que corresponde al Órgano Electoral determinar cuáles son los candidatos que incumplen las leyes para habilitarse para participar en las elecciones subnacionales convocadas para el 7 de marzo.
La declaración del titular del TCP surgió a consecuencia del debate que se generó en las últimas horas en el ámbito político por la admisión de la medida cautelar que deja en suspenso la inhabilitación de los candidatos que incumplen con el requisito de la residencia permanente de al menos dos años en la urbe donde postulan.
El magistrado dijo que la medida, admitida el pasado 28 de diciembre, no particulariza a ninguna persona y que el Órgano Electoral debe evaluar a quiénes beneficia y a quiénes no.
Según el exdiputado y candidato a la Alcaldía de La Paz por la agrupación Pan-Bol, Amílcar Barral, la decisión del TCP está dirigida a favorecer al postulante por el MAS, César Dockweiler, y a la exministra Wilma Alanoca.
El también expresidente de Mi Teleférico salió del país en noviembre del 2019 cuando Evo Morales renunció a la jefatura de Estado y regresó a Bolivia en noviembre del año pasado, cuando retornó Morales. En el caso de Alanoca, estuvo 11 meses encerrada en la embajada de México junto a otros exministros de Morales.
El recurso abstracto de inconstitucionalidad para habilitar las candidaturas de los que incumplen los dos años de residencia permanente en Bolivia fue presentado por el asambleísta departamental de Cochabamba por Demócratas, Freddy Gonzales.
Pese a que la solicitud salió de un miembro de Demócratas, el secretario nacional de ese partido, Gonzalo Barrientos, conminó al TSE a hacer cumplir la Constitución. “Esta decisión no puede darse, la CPE es clara, el TSE debe inhabilitar a la exministra Wilma Alanoca y al candidato Dockweiler. Todos somos iguales ante la ley y la CPE”.
El postulante Iván Arias, otro candidato a la Alcaldía paceña, anunció un proceso en contra de la comisión de admisión del TCP. Sin embargo, el Colegio de Abogados manifestó que aunque la justicia aceptara el proceso, eso no frenaría la medida cautelar.
El exgobernador de Tarija Mario Cossío denunció que el TSE impidió su candidatura por incumplir los dos años de residencia permanente en Bolivia, “sin tomar en cuenta que mi ausencia fue forzada por la persecución de Evo Morales y que estuve como refugiado. Veremos si actúa igual con el candidato César Dockweiler que no fue refugiado ni asilado”, dijo.
A mediados de diciembre, pidió al TCP que emita una medida cautelar para impedir que el TSE y los tribunales departamentales inhabiliten a los candidatos que no estuvieron en el país por sus condiciones de asilados o refugiados en otros países. El tribunal la emitió la semana pasada.
El exdiputado del MAS Remberto Calani expresó que habría que preguntar a la Acnur y a otras “entidades que certifican la condición de asilado o refugiado político si es que aplica para Dockweiler. “Él dijo que estaba de vacaciones, luego que viajó por su salud y luego que era un perseguido político”.
