Hoy concluye 2020. Este año quedará registrado en nuestras neuronas y retinas como aquel en el que el Movimiento Al Socialismo (MAS) volvió al gobierno por la vía de las urnas. Lo hizo a pesar de Evo Morales, como queda demostrado con sólo comparar los dos últimos resultados electorales (2019-2020). Arce Catacora es simplemente más aceptado que el caudillo fundador. 

El MAS ha querido aprovechar su inobjetable triunfo de octubre de este año para imponer su relato de que en noviembre de 2019 Evo Morales fue derrocado por un golpe de Estado. Con ello nos quiere cobrar un impuesto intelectual alevoso y estigmatizar, de cara a los libros de texto, a un movimiento ciudadano, rebajándolo a la categoría de operación sediciosa. Les auguro toda la mala suerte del mundo en este intento de falsificación del pasado inmediato.

Volvemos a decirlo cuantas veces haga falta. La teoría política plantea que un golpe de Estado es la suma de dos operaciones sucesivas: infiltración y desplazamiento (Edward Luttwak, 1969).  Ambas acciones deben realizarse estrictamente dentro del aparato estatal y, en ello, la plaza pública sólo puede ostentar un rol periférico o marginal. No hay pues golpe de Estado si el motor principal de los sucesos es la gente movilizada. ¿Acaso no estudiamos hasta el cansancio la caída de Goni en 2003?  Aquel tampoco fue un golpe.

Infiltración y desplazamiento, sí. Todo golpe transcurre del mismo modo. Primero, un área estratégica de la estructura oficial es cooptada discretamente y puesta al servicio del complot. Dicho segmento capturado debe contener en sí la fuerza física suficiente para, en el día y la hora acordados, desplazar a los demás elementos que integran el aparato estatal. Desplazar significa adueñarse de lo que queda, es decir, dar el zarpazo desde adentro. 

Así, en el recuerdo clásico latinoamericano, el Ejército, capturado por los golpistas, desaloja en una noche a todas las demás fracciones del conjunto (el Parlamento, el Poder Judicial, los órganos represivos, la diplomacia, etcétera) y las reemplaza por sus leales.  Cualquier acción pública que no complete ambas operaciones citadas no es un golpe de Estado. 

En noviembre de 2019, en vez de infiltración, hubo abandono o huida del titular en el mando. Aceptando sin conceder que la fuga de Evo a México haya sido forzada por la sugerencia del Comandante de las Fuerzas Armadas (el candidato a infiltrado), de cualquier manera, jamás se produjo el desplazamiento esperado.  

Los “derrocados” retuvieron su control pleno sobre el Congreso y gozaron de todas las capacidades no sólo para aceptar la renuncia de Evo Morales, sino para elegir al nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y promulgar una serie de leyes en enfrentamiento frontal con la Presidente transitoria. 

La afirmación de que en noviembre de 2019 hubo un golpe de Estado en Bolivia no es una hipótesis desaliñada. Es simple y llanamente una mentira fabricada para eludir el hecho de que Evo Morales violó la Constitución Política del Estado al postularse como candidato a un cuarto mandato en contra de la voluntad del pueblo, expresada el 21 de febrero de 2016.   

Pero, si la ciencia política no fuera suficiente para respaldar lo acá afirmado, aludamos entonces a una prueba documental muy simple. El 17 de enero de 2020, el Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS, aprobó la Ley 2170. En ella, se aprueba la prolongación del mandato de la presidente Jeanine Añez y de los asambleístas y autoridades electas hasta la posesión de los nuevos mandatarios designados por el voto para la gestión 2020-2025. 

Mediante esa ley, firmada por Eva Copa y Sergio Choque, presidentes de ambas cámaras, las instituciones democráticas no sólo estaban confirmando que no habían sido desplazadas por nadie, sino que habían logrado un consenso pleno en torno a que la salida a la crisis, provocada por la movilización pitita y la fuga de Morales, era realizar unas elecciones limpias. Fuimos a votar y los desplazados fueron Añez y Murillo.  

Cabe esperar que la mentira del año se desvanezca con él. Es el paso indispensable para cualquier reconciliación en serio. Si el MAS aspira a unir a la sociedad boliviana sólo le queda retirar su acusación y asumir sus responsabilidades por la crisis de 2019. Un atisbo posible para el abrazo entre diferentes sería, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa Plurinacional declare el 21 de febrero como Día de la vigencia plena de la Constitución. ¿Mucho pedir?