Si se sigue las reflexiones del historiador italiano Enzo Traverso en los nuevos perfiles de la derecha, no es difícil concluir que lo observado hacen dos años en París tiene mucho que ver con la eclosión y explotación de un malestar social que no halla cauces de expresión en las viejas estructuras del largo socialismo heredado por Macron y que fácilmente pudo acabar presa de la antidemocracia y antipolítica.

Esa violencia callejera se tomó hace unos años en el centro de Londres y también en el centro de Madrid con indignados donde lo que buscan es al menos la reivindicación de derechos concreta que les motiva o, votando por partidos cuya estrategia consiste fundamentalmente en darle una patada al tablero de institucionalidad cultural, como sucedió en Italia.

Ante estas protestas expansivas y virulentas, sucede que los partidos del stablishment se apresuraron en calificar de -antipolítica- a la nueva izquierda que criticaba el deterioro institucional y en el fondo cuestionaba el funcionamiento de la democracia representativa. En efecto, si bien no era presuntamente antipolítica pero se mostraba como una izquierda aparente para canalizar el malestar social con propuestas radicales de renovación democrática de cooptación del poder total; esquema global que es -antidemocrático y antipolítico-, contrario a una democracia integral de calidad.

Como la antipolìtica se alimenta desde el poder, en Francia hemos visto hundirse partidos con tanta raigambre europea como el socialista y, la ciudadanía optó por la sustitución democrática, mediante un movimiento no de barricadas ni callejeras, sino por Emmanuel Macron basada en un hiperliderazgo personal impactante, que promovió la tesis del fin de las ideologías y la reducción de la política a una mera administración eficiente y transparente del poder. Por eso, no es extraño que haya movimientos relámpagos incrustados de antipolítica que utilizan la violencia como forma de expresión, dónde las acciones al margen de la ley son sancionadas penalmente.

Ahora bien, en Bolivia el proceso de cambio de siglo XXI en 14 años de gobierno, ha destruido la institucionalidad democrática del país, donde la magistral fórmula fue instaurar la perpetuidad en el poder fuera de los límites de la Constitución (art.168 CPE), con el alivio y decisiones inconstitucionales de los cuatro poderes del Estado: con leyes, sentencias y procesos electorales que configuran el agujero oscuro de la historia de Bolivia.

Las manipulaciones informáticas en procesos electorales, tanto en el anulado de 20 de octubre de 2019 y el organizado por el actual TSE verificado el 18 de octubre de 2020, tiene responsables con nombres y rúbricas según el informe de la OEA (auditores especialistas) y el estudio de análisis elaborado por asesores del Comité Cívico pro Santa Cruz y técnicos informáticos que exigen la revisión del padrón electoral, auditoría y la constatación de más de 2.500 actas alteradas o que deberían ser anuladas, que representa aproximadamente más del 3% de electores.

A las indecorosas descalificaciones de “golpistas” y “fascistas” entre grupos de oposición y del MAS IPSP, graduados en impunidad al anularse los procesos e imputaciones en su contra por grupos élites de fiscales y jueces afines al MAS-IPSP por delitos de: fraude electoral, terrorismo, sedición, instigación al delito, secuestro, crimen organizado, asesinatos, atentados contra la propiedad pública y privada, sustracción de recursos de los Bancos Central y Unión, entre otros, se suma otro término que la sociedad boliviana no está dispuesta a sepultar “antifascista”.

Una resolución encomiable con la nueva administración del actual presidente del Estado Plurinacional, que dicho sea de paso no debe tener la conciencia tranquila al emerger de encuestadoras que prematuramente y en -plano de suplantación- concedieron el triunfo con un aproximado 5% de escrutinio oficial y sin control del sistema denominado Sidepre, pasaría por dialogar con los grupos parlamentarios opositores al sistema autoritario, hasta conseguir la independencia de los poderes, la reposición de los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la abrogación de la Ley 1198 que cancela el Referéndum para aprobar Estatutos AIOC.

Asimismo, como cuestión relevante respetar los 2/3 de consenso que exige la Constitución y la aplicación del Referéndum de buena fe, libre e informado a los ciudadanos urbanos (Gutiérrez, Ipitá, Los Tajibos entre otros) en procesos de conversión del Municipio de Gutiérrez en Autonomía Indígena Originaria Campesina, sobre la base de un – certificado de ancestralidad- falso e ilegal emitido por el exministro de Autonomías Carlos Romero, es un tema urgente a corregir y el Municipio sea convocado a elecciones para el 7 de marzo de 2021.

Se entiende la desesperación de miles de ciudadanos olvidados en este proceso “Kereimbae Iyambae” que afecta a Gutiérrez, que el sistema del MAS IPSP y concretamente autoridades del TSE, TCP, ALP, Sifde, Cipca y el Viceministerio de Autonomías, están actuando ilegalmente, sin que los legisladores de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, hayan puesto sobre la mesa el debate, reflexión y análisis de que a través de las denominadas Autonomías Indígenas en estas tres regiones, por interés económico pretenden crear vía una ley de unidad territorial de las comunidades -el décimo departamento Guaraní- debido a la riqueza de campos petroleros y pozos descubiertos en producción: Itacobo, Tajibo y Curichi (ubicados en Río Grande, Espino y Charagua), Tatarenda, Incahuasi (Lagunillas e Ipati), Camiri (Sararenda bloque bajo). Así como los pozos exploratorios de Santa Cruz: Carahuicho (4 pozos), Charagua (Izozo), Abapó profundo (Río Grande), Opabasu (Río Grande), Huesos (Ubicados en Gutiérrez-Ipatí), en el área urbana de Gutiérrez 4 pozos marcados por la Chinopex, Oriental (áreas guaraníes), Sararenda X2 (Camiri Chorety), Boval (Área guaraníes) e Irenda (Ipati, Chorety y Camiri), Huacaya, Macharety (Chuquisaca), Itaú, Madrejones, Campo Durán, Camatindi (Tarija).

Vemos que nuestras sociedades están asediadas por la injusticia, desigualdad y discriminación y, si la política, no es capaz de ofrecer expectativas a quienes se sienten desamparados -protestando con civismo el avasallamiento de autoridades- y la pérdida de la capacidad del Estado para resolver los problemas habrá más malestar, antidemocracia y antipolítica.

Finalmente, es propicia la mención de (Traverso, Enzo: 2018:10): “Intentemos conjurar lo peor, defender las conquistas del pasado y preservar una democracia que día tras día se vacía más de sustancia. Y, sin embargo, sabemos que la olla hierve y que la tapa va a saltar”. Hay que estar preparados para solucionar lo prioritario que es la unidad y no la fragmentación territorial.