Quillacollo está sumido nuevamente en una pugna por la administración municipal entre el alcalde Eduardo Mérida y los concejales del MAS, FPV y Demócratas. Hoy el juez Elvis Isaac Crespo tiene que pronunciarse sobre la demanda de acción de cumplimiento a la sentencia de tres años y seis meses dispuesta por la jueza Sonia Zabala contra la autoridad por la presunta falsificación de su certificado de libreta de servicio militar.

Mérida afirmó que la intención del accionante de la demanda, Álvaro Zamorano a quien vincula con los 11 concejales, es suspenderlo y concretar un “golpe municipal”.  Sin embargo, el concejal Antonio Montaño negó que intenten alejarlo del cargo.

La demanda de acción de cumplimiento se origina en la sentencia, en primera instancia, que dictó la jueza Sonia Zabala, el 26 de enero, al disponer una condena contra Eduardo Mérida.

El fiscal departamental, Óscar Vera, manifestó durante el juicio que Mérida postuló como candidato para Alcalde con un certificado especial que sustituyó la libreta militar. El documento contaba con el sticker de seguridad  No. 122187963612 y estaba firmado por el coronel Édgar Flores Peñaranda como director de Archivo del Ministerio de Defensa Nacional.  

“De acuerdo con el informe del 18 de agosto de 2016 del jefe de Unidad de Registro Territorial Militar, teniente coronel Nelson Alberto Díaz Saavedra, el certificado especial 372 que consigna el nombre de Eduardo Mérida no fue elaborado por esa unidad y, por lo tanto, es falsa”, dijo el fiscal departamental en el juicio.

Mérida señaló que se trató de un proceso “político” e “inventado”, no de corrupción. Explicó que la demanda va en contra de la sentencia constitucional 2055/2012, que declaró inconstitucionales los artículos de la ley de autonomía que permitían suspender a una autoridad electa a sola acusación.

“Yo no tengo sentencia ejecutoriada, en este momento tengo la presunción de inocencia. Es más existe una sentencia que ordena que no deben suspenderse alcalde ni gobernadores si no hay sentencia ejecutoriada”, manifestó.

Por otro lado, el concejal Antonio Montaño lamentó que Mérida “mienta”. Y desde su punto de vista no es necesario contar con una sentencia ejecutoriada para suspenderlo, porque se trata de un delito electoral.

“No es una persecución política”, dijo. Siguió: “Son denuncias bien fundadas  y pedir a la justicia que tenga la valentía de obrar como ha obrado con el Alcalde de Cochabamba y de Oruro”. Concluyó: “Esa justicia queremos, no puede haber gente que esté gozando de su inmaculada presencia cuando en sus espaldas carga indicios de corrupción”.