“Seguramente ha mérito de la aprehensión van a realizar la imputación formal y el día de mañana la audiencia cautelar”, indicó su abogado tras explicar que ayer se desarrolló la declaración informativa del Alcalde por el denominado ‘caso Mochilas II’ en la cual decidió abstenerse de declarar. En un principio, la aprehensión debía cumplirla en su vivienda porque ya tenía una detención domiciliaria”, señaló el abogado en declaraciones a los medios de comunicación, quien señaló que es una vulneración a sus derechos.

Hasta ayer, miércoles, Leyes cumplía detención domiciliaria desde el 21 de mayo por la primera denuncia del caso Mochilas I, pero ahora está en celdas policiales aguardando la audiencia de medidas cautelares por el caso mochilas II

Por su parte, fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, señaló que la aprehensión de José María Leyes Justiniano se efectuó en el marco de la investigación por “la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica”, explicó el fiscal.

Según las investigaciones, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba realizó un proceso de contratación de bienes y servicios recurrente, bajo exclusiva responsabilidad del alcalde José María Leyes, quien autorizó de forma excepcional y a través de resolución ejecutiva la adquisición, favoreciendo a los empresarios a quienes se les adjudicó la provisión de mochilas.

Por este mismo caso, el Ministerio Público amplió la investigación contra María René Ramírez y René Juan de Dios Morales Espinoza, por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

La ampliación es también contra Diego Bernardo Moreno Barrón; Marcos Andrés Cuevas Gutiérrez; Rolando Nogales Torrico; Ricardo Zelada Aguirre; Michelle Meyer; Fernando Díaz de Oropeza; Henry Delgado Nin; Christian Siles Ríos y José Óscar Bascopé Rojas, por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes.

ACCION DE LIBERTAD

A su vez, el Ministerio de Justicia indicó que Leyes pretendía evitar su declaración por este caso interponiendo una acción de libertad, pero el Tribunal Séptimo de Sentencia en lo Penal de Cochabamba negó esa solicitud.

CASO ORURO

También por la compra de mochilas escolares, el alcalde Oruro, Edgar Bazán, del Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria, guarda reclusión preventiva, sindicado de comprar más de más de 40.000 mochilas de fabricación china, cuando la adquisición debería ser adjudicada a la industria nacional, por lo que, según las investigaciones, se produjo un daño económico al municipio por Bs 2 millones.

CASO LLICA

Sin embargo, en 2016 el alcalde de la población de Llica, Potosí, Edgar Apala, de filiación política al MAS, adjudicó la adquisición de mochilas escolares a una “empresa fantasma” cuyo pago tendría un sobreprecio del 700% .

Estos morrales tienen un costo de mercado de Bs 20, pero el municipio pagó Bs 177 por cada una. Luego, un segundo lote las mochilas costaron a la Alcaldía 96 bolivianos siendo su precio de mercado Bs 25 por cada una, un tercer lote mochilas fueron adquiridas a Bs 167, cuyo precio real en el mercado al detalle es de Bs 35.

La denuncia fue planteada ante el Ministerio Público el mismo 2016, proceso que a la fecha no prospera, denunció el dirigente del Control Social de esa comuna Agustin Ayaviri, luego de referirse a la relación dudosa y actuación del munícipe.