Salvador Romero, presidente de esa instancia, señaló que ahora los entes regionales son los que deben analizar si los postulantes cumplen con los requisitos para quedar habilitados, ante las denuncias contra algunos que no cumplen el tiempo de residencia en las localidades.

“No podría adelantar criterios, todos estos casos podrán ser objeto de un pronunciamiento, de una resolución jurisdiccional y no se puede adelantar criterio, les corresponde a los tribunales departamentales realizar el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos”, afirmó en entrevista con radio Fides.

La autoridad detalló que son unos 5.000 cargos en disputa, para los que se imprimirán unas 15 millones de papeletas de al menos 500 tipos diferentes, el doble de los utilizados en las elecciones generales, recalcando que el padrón es “sólido y confiable”.

Romero adelantó, además, que la próxima actividad importante será el sorteo de los jurados electorales, que está previsto para el 5 de febrero, donde se implementarán medidas de bioseguridad para su capacitación, al igual que en la jornada de votación.