La Asamblea General de la OEA votó una resolución dando inicio al proceso de suspensión de Venezuela en el órgano regional y declarando carentes de legitimidad, por fraudulentas, las últimas elecciones del 20 de mayo. La resolución se aprobó con 19 votos a favor, 11 abstenciones y cuatro votos en contra, los de Venezuela, Bolivia, San Vicente y Dominica. Ni la cautela de Nicaragua y Ecuador, cuyos gobernantes decidieron abstenerse, inspiró en el representante boliviano un mínimo de racionalidad al definir su voto.

Está cada vez más claro que entre las razones que explican el voto boliviano en contra de la resolución, con seguridad, figuran dos: los favores recibidos del régimen venezolano en el pasado, que facilitaron su arribo al Gobierno boliviano en 2006, y el apoyo logístico actual que los artífices del fraude electoral venezolano le proporcionan a Evo Morales para allanar su camino en la misma dirección que la de Nicolás Maduro; es decir, materializar su forzada, cuanto inconstitucional, repostulación en 2019 y digitar un fraudulento “triunfo electoral”. 

Visto el tema como país, el resultado de la política exterior y de los mezquinos intereses evistas no es otro que un peligroso aislamiento de Bolivia. Y esto sucede precisamente en los momentos en que la Corte de La Haya, casi con seguridad, decidirá la apertura de negociaciones con Chile en el tema marítimo. ¡Cuán grande será la deuda de Evo Morales con el chavismo-madurismo que ni siquiera el retorno al mar le induce mayor cautela!

¿Qué debemos hacer las y los bolivianos para evitar que nuestra patria quede peligrosamente aislada? La respuesta está también cada vez más clara: Evo Morales y el MAS deben ser expulsados del Gobierno, naturalmente, mediante la vía democrática. Pero, ¿cómo se consigue este objetivo estratégico? 

En 2019 se realizarán elecciones en Bolivia, con Evo Morales o sin él, transparentes y democráticas o amañadas, y fraudulentas –al parecer estas últimas–. Mientras no sea eliminada la delincuencial sentencia del TCP Evo está habilitado, debemos estar seguros de ese hecho, ya que si se suprimiesen las elecciones, Evo, o quien lo sustituya, perdería la poca legitimidad que le queda. Aquí adquiere valor la resolución de la OEA que encabeza esta columna

Ahora bien, nos separa de las elecciones poco más de un año, en un escenario caracterizado por dos elementos centrales: el fuerte deterioro del Gobierno y la ausencia de un instrumento político que aglutine a la mayoritaria, aunque dispersa, oposición. De manera que en los siguientes ocho a 10 meses debe enfrentarse el desafío de materializar dos grandes tareas: lograr la eliminación de la sentencia del TCP, anular la postulación de Evo y preservar la voluntad popular expresada el 21F, y, paralelamente, construir el instrumento político que viabilice el cambio que necesita el país.

 Este instrumento resulta imprescindible, además, ante la posibilidad de que la primera tarea no pueda ser cumplida y Evo resulte habilitado. Dicho de otro modo: se trata de constituir un Frente Amplio Democrático (FAD), sustentado y orientado en un programa transparente, progresista y viable para postular a un candidato opositor fuerte –mejor único– capaz de derrotar el continuismo evista.  

 Añadamos un argumento más que otorga sentido al FAD: el MAS es la única organización política de alcance nacional. No existe una semejante en la oposición. Gracias a esa fortaleza y con asistencia venezolana, Evo Morales viene preparando el fraude electoral. Frente a este hecho, en las condiciones imperantes, existe sólo un recurso para evitar el fraude: implementar un sistema masivo y efectivo de control electoral (un delegado en cada mesa, con una cobertura de, al menos, el 90% de las mesas. El otro 10% es el de las comunidades alejadas, donde  el MAS ejerce manipulación). 

 Pero, ninguna organización política, ni ciudadana, opositora es capaz de erigir este sistema en los próximos siete u ocho meses. Sólo puede conseguirlo el FAD; es decir, sumando los pequeños aparatos organizativos de las principales organizaciones políticas, cívicas y ciudadanas que concurran en él.

Por todo ello, repitamos aquí lo dicho en nuestra columna anterior: tienen la palabra los líderes de la oposición política y ciudadana, ¡o renuncian a sus apetitos y se unen, o la democracia boliviana se hunde!

  Carlos Böhrt I. es ciudadano crítico.