La convocatoria a elecciones, publicada el 3 de enero, fue una de las primeras acciones asumidas por el recién posesionado Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el cumplimiento de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, que asumió la jefatura de Estado después de la renuncia de Evo Morales a consecuencia de la revuelta popular de octubre y noviembre de 2019, con el compromiso de llamar a votación lo antes posible y pacificar el país.

Un mes después, el 3 de febrero, ocho frentes políticos inscribieron sus candidaturas para participar de los comicios. Entre los postulantes figuraba el binomio de la alianza Juntos, conformada por Jeanine Áñez-Samuel Doria Medina, a pesar de que la entonces mandataria había prometido que no se presentaría como aspirante a la Presidencia.

La campaña estaba por comenzar en marzo, pero el 21 de ese mes el TSE anunció la postergación por 14 días de las elecciones por causa de la cuarentena general decretada por el Gobierno debido al aumento de los casos de coronavirus en el país. De esta forma, Bolivia fue incluida en el grupo de los 75 países que postergaron sus procesos debido al Covid-19.

A comienzos de la pandemia, Áñez subió su popularidad por la distribución de bonos, pero el MAS, con dos tercios en la Asamblea Legislativa, bloqueó algunas iniciativas a la presidenta-candidata. Los sectores afines al masismo en pleno pico del Covid-19 bloquearon carreteras para exigir elecciones inmediatas. 

El presidenciable por CC, Carlos Mesa, se sumó a la petición. El TSE y agrupaciones políticas acordaron la nueva fecha para el 6 de septiembre. El aumento de casos de coronavirus provocó otro cambio. Sin embargo, las elecciones se celebraron el 18 de octubre, un año después de los fallidos comicios de 2019.