En conferencia de prensa informó que el 16 de diciembre de 2019 presentó denuncia ante esa instancia legislativa de que se estaban vulnerando sus derechos constitucionales para evitar que sea candidato en cualquier proceso electoral, denuncia que fue sustentada con la entrega de pruebas por casi 12 meses.

Señaló que en primera instancia la Comisión que estaba presidida por el senador Ciro Zabala y después por Óscar Ortiz de la agrupación Demócratas analizó y constató la persecución política a través de un grupo de fiscales que emitieron dos órdenes de aprehensión y la solicitud de sello azul a la Interpol.

Insistió en que el informe final concluye que fue perseguido político al amparo de los numerales 17 y 19 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado.

“La Comisión de Derechos Humanos manifiesta claramente a través de este informe, por una investigación que se ha realizado en dos legislaciones, incluyendo un senador de oposición, que en mi caso sí ha habido persecución política”, precisó. “Se pone en evidencia que efectivamente la justicia ha sido manipulada por el Poder Ejecutivo para dirigir un proceso con el propósito político para lograr mi inhabilitación en todo evento electoral”, añadió.

Adelantó que presentará el informe al TSE, toda vez que la oposición anunció la impugnación a su candidatura a la Alcaldía de La Paz por el MAS.