El liderazgo femenino destaca en los titulares de los periódicos del mundo. No es extraño ver nombres como: Sarah Gilbert, desarrolladora de la vacuna contra el Covid de Oxford;  Ángela Merkel, canciller alemana;  Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda; o Kamala Harris, la reciente electa vicepresidenta de Estados Unidos, entre otras, quienes son protagonistas fundamentales en la administración de las naciones en el mundo. 

La Declaración de Pekín, aprobada en 1995, marcó un punto de inflexión en la promoción de la igualdad y los derechos de mujeres y niñas. Tras 25 años se lograron avances, como el mayor acceso a la educación; sin embargo, el riesgo de que seamos víctimas de violencia persiste, incluso en círculos del Estado.

“La ley de la Corte es clara, dice alternancia, varón-mujer. Entonces, como somos la mayoría varones, muchos tendrían que hacerse operar para ser candidatos” dijo Sergio Choque, dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y expresidente de la Cámara de Diputados, en tono de protesta el día que renunció a la precandidatura para la Alcaldía alteña.

“Puede votar un idiota porque es hombre”, decía Adela Zamudio un su poema Nacer Hombre, escrito a inicios del siglo pasado para recordarnos la lucha que enfrentaron las mujeres en Bolivia por el derecho al voto. 

A 64 años de los primeros comicios nacionales (1956) con participación de las mujeres, todavía se batalla por superar las profundas brechas que nos apartan de un ejercicio pleno de nuestros derechos políticos. 

En días recientes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tuvo que ampliar el plazo de registro de inscripción de candidatos para las elecciones subnacionales con el fin de facilitar el cumplimiento de los principios de alternancia y paridad de género, aquella que pone en “figurillas” a los políticos.

Para una mujer no es fácil ingresar a la política. La principal barrera es la exposición al acoso y la violencia, que en Bolivia llega a extremos de terror, incluso hasta el asesinato; basta recordar a Juana Quispe, concejala del municipio de Ancoraimes de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, quien fue asesinada hace más de ocho años y su caso quedó en la impunidad.

Insultos, desprestigio, exposición de su intimidad y maltratos suman a la lista de denuncias –incluso contra integrantes de sus propios partidos–, con el objetivo de limitar su participación en la vida pública o simplemente para que renuncien a sus cargos por los que fueron electas a través del voto popular, lo que demuestra que la presencia de mujeres no es siempre bienvenida en la actividad política dominada en siglos por “hombres”. 

Ni siquiera la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política, aprobada en 2012, impulsada tras el asesinato de la concejala Quispe, logró parar las agresiones, lo que desnuda las estructuras machistas y patriarcales con las que convive la sociedad boliviana.

La Ley 026 del Régimen Electoral, vigente en el país, establece la obligatoriedad de tener concejos municipales y asambleas departamentales con un 50% en cargo de mujeres y lo propio en el caso de candidatos titulares y suplentes.

Son contadas las altas autoridades mujeres pese a que el género representa el 51% del padrón electoral y la mitad de la población en Bolivia, perdiendo la oportunidad de entendernos como un país completo, inclusivo, igualitario y justo.

Es tiempo de mostrar un real compromiso con la paridad, superando los obstáculos del “machismo” desde las organizaciones sociales, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas para visualizar candidatas mujeres en las elecciones subnacionales, no sólo en cumplimiento a la ley, sino dando pasos certeros para superar la exclusión ejercida por siglos. 

Debemos aspirar a poder participar en el espacio público sin renunciar a la vida privada, ocupar mayores cargos de decisión, consolidar agendas  políticas de género desde las organizaciones para que nunca más se sientan extrañas o irrelevantes en una real democratización, hacia una proyección política.

Son  un bálsamo ante este panorama los resultados de las recientes elecciones nacionales que lograron  consolidar una Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)  con mayoría femenina. Ojalá podamos repetir el escenario en los siguientes comicios subnacionales.
 
Beatriz Cahuasa es máster en comunicación.