La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores emitió la resolución (que contiene un informe técnico legal) el 22 de diciembre de 2020, aunque Dockweiler había iniciado su reclamo el 16 de diciembre de 2019, cuando interpuso la denuncia de que estaba siendo objeto de persecución política con la finalidad de inhabilitarlo en futuros procesos electorales.

Añadió que durante todo 2020, desde el exterior siguió el reclamo contra la supuesta persecución, enviando a la comisión un total de nueve notas.

El informe de la comisión, dijo, establece que hubo persecución y de acoso político para su inhabilitación como candidato ya para las elecciones nacionales (efectuadas el 18 de octubre). Deploró el uso amañado de la justicia en su contra.

«Viendo que potencialmente podía ser un contrincante importante para la oposición (en los comicios nacionales) utilizaron vilmente la justicia, la condujeron, hubo injerencia desde el Ejecutivo en el Ministerio Público (fiscalía) para lograr este propósito», señaló el candidato.

Añadió que una vez fuera del país, el caso en su contra fue paralizado con un “sello azul” de Interpol y dos órdenes de aprehensión; él pidió volver a Bolivia para defenderse en el país, pero —insistió— no se daba curso a su reclamo para precisamente mantenerlo alejado del territorio nacional.

En este sentido, aseguró que no es cierto que él haya salido del país por vacaciones y que estas hubieran durado un año. Lo que pasa  es que —dijo— él tomo «unos días de vacación» pero que luego no se le permitió volver.

«Es absolutamente falso que yo tomé vacaciones todo un año; no es cierto. Yo tomé unos días de vacaciones y quise retornar a mi país, donde tengo mí proyecto de vida, mi lugar de trabajo, pero por la persecución política, por las dos órdenes de aprehensión en mi contra, no pude retornar al país», destacó Dockweiler.

En relación a si esta resolución tendrá un efecto en la norma que establece el requisito de los dos años de residencia, el candidato expresó su confianza en que la autoridad electoral se atenga al «espíritu» de la ley: «Que cuando habla de dos años de residencia, habla de residencia, no de dos años de estar en un lugar».

Insistió en que la residencia en primer término es el «lugar del proyecto de vida», y que él salió «por unos días» y no pudo retornar.

Dockweiler afirmó que será el Senado el que, a través de una minuta de comunicación, precisará que comprobada la persecución política en su contra, el órgano electoral debe preservar sus derechos políticos, para no proceder con su inhabilitación, dado el contexto de persecución de que fue objeto por el anterior gobierno.

El gobierno transitorio de Jeanine Áñez acusó a Dockweiler de uso indebido de recursos estatales, daño económico al Estado, sedición y terrorismo.