A pesar de los avances socioeconómicos, el país aún tiene pendientes ciertas mejoras en salud, educación y producción sobre los pueblos indígenas y sectores campesinos, en relación a la pobreza o desigualdades territoriales ante la ausencia de fuentes de trabajo. Creemos que parte de la solución pasa por integrar estas prioridades con aquellas emergidas en la última década, y tienen que ver con el modelo de las autonomías indígenas originarias y campesinas (AIOC) que el país proyecta como nueva forma de gobierno y visión del desarrollo territorial, convirtiéndose este mecanismo en el más efectivo para acercar el Estado a la ciudadanía, fortaleciendo el reconocimiento al derecho de autogobernarse y la definición de políticas estratégicas en sus territorios, orientadas a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado.

Si combinamos los conceptos de autogobierno y desarrollo territorial, como premisa para la implementación de las autonomías indígenas, coincidiremos en que estas acciones al margen de ser estratégicas, provocarán cambios estructurales en el enfoque de desarrollo de base territorial en el país. Inevitablemente estos procesos cambian las formas de participación y acceso y en la toma de decisiones de los actores territoriales (públicos y privados), rompiendo esquemas y estructuras, lo que genera una reconfiguración de los decisores en la gestión pública, redefiniendo sus nuevas formas de ejercicio pleno de ciudadanía, más allá de su participación, en la perspectiva de la construcción de visiones de desarrollo de manera consensuada.

La implementación del régimen autonómico tiene que ver con profundas reformas del Estado, que deben ser consideradas no solo como un cambio de dimensiones —de lo macro a lo micro— sino como transformaciones muy profundas en la forma de concebir opciones de desarrollo, en la organización de sus instituciones y en su relación con la comunidad. En el desafío de la implementación de las autonomías indígenas, más allá de las reformas democráticas del Estado, que amplían las esferas de decisiones y adquieren legitimidad mediante la elección directa de sus autoridades, se hace necesario ver cómo se efectiviza una verdadera articulación entre la economía comunitaria y el pluralismo económico territorial, que permita proyectar no solo una verdadera transformación productiva, sino el fortalecimiento de la participación social en todos sus niveles, acortando las diferencias de género y generacionales, sobre la base de la equidad en el uso y acceso a los recursos naturales, en el marco de las competencias concurrentes, exclusivas y compartidas con las instancias estatales, previo consenso entre los actores que participan en el territorio.

La implementación de las AIOC es un proceso orientado a la transformación social, económica, cultural, productiva e institucional de un espacio determinado, tendiente a reducir la pobreza y la desigualdad rural. Veremos que la transformación productiva tendrá el propósito de articular competitiva y sustentablemente la economía del territorio a mercados dinámicos; y el desarrollo institucional buscará construir la nueva arquitectura institucional de las Autonomías Indígenas Originarias y Campesinas (AIOC).

Es necesario dejar de pensar que la identidad de los territorios indígenas es sinónimo de sector agropecuario; debemos apostar a temas que dinamicen un desarrollo territorial y plantearnos la necesidad de establecer vínculos con procesos que mejoren los actuales niveles de productividad y que estimulen los escenarios de concertación social, intersectorial y público-privada, como mecanismo de articulación de todos los sectores sociales del territorio.

Los territorios indígenas, independientemente del esfuerzo estatal de asignación de recursos, aún están relegados en varias dimensiones del desarrollo, precisamente por haber replicado modelos externos a su realidad, que han provocado que estos territorios indígenas aún sufran estancamiento, soporten crisis recurrentes y situaciones de pobreza. Persisten contradicciones en ciertas políticas públicas: por un lado, la vigencia del modelo de desarrollo que enfatiza actividades extractivas, respaldado por argumentos y cifras para demostrar su aporte en divisas al país, versus el “modelo alternativo” de desarrollo basado en la gestión integral de los recursos naturales, el desarrollo sustentable y el “vivir bien”, que aunque cuenta con leyes ya promulgadas e institucionalidad, tiene escaso avance. Sin embargo, a mediano plazo corresponderá sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente al sector indígena, que no ha renunciado a su agenda estratégica, reencauzar y exigir el cumplimiento de dicha normativa.

Con la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), se enfatiza que el diseño del desarrollo integral debe articularse a la planificación territorial, aspecto fundamental para implementar el régimen autonómico. Llevar adelante este sistema dependerá de la metodología que permita levantar las propuestas insertas en los Planes de Gestión Territorial Comunitaria para el caso de las AIOC. Lo que interpela hoy al Estado es la adecuación de normas nacionales, como la Ley SAFCO, para operativizar el nacimiento formal de las autonomías indígenas.

Es necesario seguir impulsando acciones orientadas al  acceso, uso y aprovechamiento equitativo de los recursos naturales, mediante la promoción de modelos alternativos en los territorios indígenas, fortaleciendo la generación de propuestas de diversificación productiva y de desarrollo resiliente, basándose en la gobernabilidad territorial a través de la construcción de amplios consensos con visión de largo plazo y en el fortalecimiento capacidades de resiliencia y adaptación frente al cambio climático, como temáticas centrales de una estrategia de intervención integral. Asimismo, es necesario seguir fortaleciendo a la sociedad civil, entendiendo las capacidades y desafíos de actores clave (mujeres, jóvenes e indígenas) para propiciar los cambios institucionales necesarios a fin de avanzar hacia mayores niveles de justicia y equidad; de ahí que la consolidación de las autonomías indígenas como nueva forma de autogobierno es una apuesta en la perspectiva de lograr un desarrollo diversificado y sostenible orientado a reducir las vulnerabilidades y sobre todo a eliminar las inequidades interseccionales (género, generacionales y étnicas), que todavía son núcleos duros de la desigualdad en la sociedad boliviana.