Cuando asistimos a votar en nuestro país llegamos a nuestro recinto, buscamos nuestra mesa de sufragio, nos apersonamos y el jurado electoral nos pide nuestra cédula de identidad para verificar que somos quien decimos ser: en este caso, un elector habilitado para sufragar en esa mesa.

Además de la cédula de identidad, el jurado electoral tiene como medio de verificación una nómina de votantes en la que una gran mayoría tenemos una fotografía tomada hace muchos años atrás (en mi caso, el año 2009 cuando se incorporó el registro biométrico).

Este procedimiento es parte del “manualismo” con el que aún se maneja nuestro sistema electoral. Prácticamente, todo el mecanismo de votación se realiza de manera manual (identificación, votación, escrutinio o conteo de votos). En muchos países del mundo, incluyendo obviamente la región latinoamericana, han aprovechado las nuevas tecnologías para facilitar el proceso de votación y al mismo tiempo dar mayores garantías de transparencia. No resulta extraño escuchar en nuestros días sobre el voto digital o electrónico, voto por Internet y hasta de ánforas electrónicas.

Hay quienes dudan si realmente estos mecanismos son una garantía de transparencia y no son más bien una forma de facilitar un fraude electoral a través de la manipulación de una computadora (como se denuncia que sucedió en Bolivia el año 2019 con el sistema de Trasmisión de Resultados Preliminares, TREP). Por ese motivo, en muchos países se ha implementado un dualismo o sistema mixto. Es decir, mantienen el “manualismo”, pero, de manera progresiva, implementan nuevas tecnologías para efectivizar el proceso electoral, hasta que la ciudadanía tenga confianza plena en dichas tecnologías.

Con el grado de desconfianza en el sistema electoral que existe en nuestro país es inviable pensar en el corto plazo en la implementación del voto electrónico, pero eso no quiere decir que la tecnología deba ser descartada del todo para modernizar nuestras elecciones. Por tal motivo, considero que lo que sí es viable es implementar la identificación biométrica en las mesas de sufragio, puesto que la finalidad de este mecanismo de identificación no es tanto facilitar el proceso electoral sino brindar mayores medidas de seguridad.

Es muy probable que todos los bolivianos habilitados para votar, hemos hecho alguna vez uso de estos mecanismos de identificación biométrica, por ejemplo, cuando en una entidad financiera colocamos un dedo en un lector electrónico de huellas digitales. Igualmente, muchas oficinas públicas y privadas lo utilizan con el propósito de controlar la asistencia de su personal (algunos usan hasta reconocimiento facial). En el Ministerio Público se ha lo implementado para aquellos procesados que deban asistir a “marcar” periódicamente para demostrar que se encuentran dentro del país.

La identificación biométrica al votar generaría menos susceptibilidades para su implementación, puesto que no interviene directamente con el conteo de los resultados, y además (como señalé) es algo con lo que los bolivianos nos encontramos familiarizados. Por otra parte, se garantiza un mejor control del votante a través de la verificación biométrica de la persona que dice ser quien es, evitando los casos en que puedan existir cédulas de identidad adulteradas y la consiguiente suplantación de identidades.

En cuanto a la factibilidad de su implementación, sin duda alguna esta implica un costo económico, pero dar mayor confianza a nuestra democracia lo vale, y con el alquiler de equipos podrían abaratarse los costos. Finalmente, su implementación técnica no genera mayores esfuerzos, solamente se requiere una adecuada capacitación.

Nuestro país necesita nuevos mecanismos de transparencia para sentir que se están haciendo los esfuerzos necesarios para que no vuelva a suceder lo que sucedió en 2019. La identificación biométrica en las mesas de votación, debe ser uno de estos mecanismos.