El 7 de marzo Tarija volverá a elegir 30 asambleístas departamentales, 15 por población, doce por territorio y tres pertenecientes a los pueblos indígenas porque así lo determina el Estatuto Autonómico y que la configura como una de las más superpobladas del país y, por ende, en una de las más caras.

El pacto político que se estableció para sacar el Estatuto adelante y que después se utilizó en las elecciones de 2010, 2015 y se pretendía utilizar en esta oportunidad, implementó un reparto de curules por municipios, que atentaba contra la propia letra del Estatuto que habla de circunscripción provincial, y se basaba además en una interpretación del censo de 2001, que dejaba altamente sub representada a la provincia Cercado, que según las elecciones del 18 de octubre acoge al 46% del padrón tarijeño.

El Estatuto blinda dos curules para cada una de las seis provincias, lo que garantiza la equidad territorial en la Asamblea, aunque esta sea de una sola cámara y no se pueda equiparar a la función del Senado en la política nacional. El pacto político, sin embargo, había hecho que estos curules se repartan uno para cada municipio en las provincias que son de dos, e incluso se llegue a absurdos, como en el caso del Chaco, donde quien elige el asambleísta por territorio es Caraparí y Villa Montes y no Yacuiba, como si fuera menos chaqueño.

El reparto por población resulta matemáticamente aún más complejo de justificar. Cercado aceptó tener cinco curules, el Gran Chaco cuatro, Arce tres, mientras que Méndez, O´Connor y Avilés se quedaron con uno. De esa forma, mientras cada curul en Tarija costaba 35.000 votos, en Arce, Avilés y O´Connor costaba 13.000. Con la modificación, en Cercado cuestan 29.300 votos, en el Gran Chaco 27.250, en Arce 20.000, en Méndez 24.000 y en Avilés y O´Connor 13.000, un reparto que es ligeramente más justo, aunque sigue evidenciando desproporciones.

Cercado acabará eligiendo 8 de 30 asambleístas con el 46% de la población; el Gran Chaco 9 de 30 – si asimilamos los tres indígenas, que esencialmente viven en el Chaco – con el 29% de la población y el resto 13 de 30, con el 24% de la población.

Lo cierto es que es necesario que el órgano legislativo debe tener representación y sensibilidad de las provincias para hacer políticas más inclusivas e integradoras que fijen población en el territorio, porque de lo contrario, como aceleradamente viene sucediendo en el país, las ciudades se masifican y el territorio queda vacío, lo que a largo plazo supone una pérdida de soberanía en el amplio sentido de la palabra.

Ahora bien, legislar para el territorio no supone entrar en competencias ni rivalidades, ni en trocear en pedacitos el pastel del Tesoro Departamental, sino en hacer proyectos que trasciendan los límites físicos y se vuelquen allí donde hay más necesidades. La Autonomía es el mejor sistema de planificación y gestión, pero la atomización territorial y económica solo lleva al vaciamiento, a la frustración de proyectos mínimos y, al fin y al cabo, a la debilidad frente a los poderes e intereses supranacionales – petroleros, por ejemplo -. Ojalá la próxima Asamblea, sea como sea que quede finalmente configurada, pueda poner los intereses departamentales por encima de cualquier pasión o pulsión de los caudillos de turno.