La instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), del Gobierno central junto a sus primeras medidas-señales y las venideras elecciones de autoridades departamentales, regionales y municipales, están generando estas últimas semanas un cúmulo de hechos que son importantes en la agenda que busca promover un mayor y mejor ejercicio de los derechos de las mujeres.

Destaca que desde la ALP se haya anunciado la conformación de una comisión mixta para investigar vulneraciones a los derechos de la mujer y feminicidios, con el objetivo de fiscalizar los procesos judiciales sobre casos de violencia. No es la primera vez que se activará esta instancia pero se esperaría que al hacerlo al inicio de una gestión pueda tener un trabajo más sostenido que antes, con el valor agregado de la participación de la oposición.

Desde el Poder Ejecutivo se dio inicio oficial al proceso de modificación de la “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”; al respecto se han establecido las fechas para este proceso: un periodo de recepción de propuestas hasta el 15/01 y un ajuste a la norma hasta el 18/02, con la expectativa de que el siguiente 8 de marzo se pueda promulgar esta normativa ajustada.

También el Poder Ejecutivo ha anunciado la reactivación del Gabinete de la mujer, con el objetivo de generar e implementar políticas integrales para la lucha contra la violencia contra las mujeres. Instancia que también existió en gestiones pasadas y cuyo trabajo se vio interrumpido por la conflictividad política de 2019.  

En el ámbito político partidario, los procesos de definición de candidaturas han sido parte de la agenda informativa. Como es usual, en ella tienen prioridad las candidaturas de organizaciones políticas relevantes para departamentos, ciudades capitales y alguna que otra ciudad intermedia. Quizá el reto que, en términos de participación política de la mujer, se espera superar en esta elección es el de contar con una gobernadora electa por primera vez. No obstante los nombres que se barajan no son auspiciosos en ese sentido, toda vez que son muy pocas mujeres las que se hacen presente en este vaivén informativo. Más bien, lo que sí retorna a la agenda de opinión pública en este carrusel de (pre)candidaturas es el debate en torno a si un candidato con denuncias de violencia contra la mujer aún es aceptable para las organizaciones políticas, en particular; y para nuestra cultura política nacional, en general.

También en el ámbito electoral se cuenta con la novedad reglamentaria de una nueva forma de implementación del criterio de paridad y alternancia en las listas de candidaturas para las venideras elecciones, distinta a la utilizada desde 2014 hasta las elecciones pasadas y que ha conllevado la ampliación del plazo de la actividad electoral de inscripción de candidaturas, precisamente para que las organizaciones políticas den cabal cumplimiento de estos criterios.

Como se ve, los derechos de las mujeres se encuentran en el centro de las intenciones políticas y eso es alentador. Aunque tras varios años de conquistas tampoco corresponde perderse en la candidez de discursos políticos que con grandes despliegues burocráticos apenas modifican tímidamente las realidades. Quienes administran hoy el Estado tienen la valiosa posibilidad de contar con datos y resultados para establecer errores y problemas de experiencias anteriores y sumar sus buenos oficios a la acumulación histórica que es la lucha de las mujeres por sus derechos, permitiendo que todas las voces y todos los feminismos puedan sentirse parte de cambios que, finalmente, se hagan carne en la vida cotidiana de todas.