El Gobierno ha puesto en marcha una estrategia para anular políticamente al expresidente Carlos Mesa, quien aparecía como uno de los potenciales candidatos presidenciales para 2019, pese a haber dicho que no estaba interesado en postular.

A ojos del MAS, Carlos Mesa aparece como responsable de prácticamente todo, más todavía, desde que señaló al ministro Carlos Romero de la muerte del universitario Jonathan Quispe. Desde entonces se le acusa de  las muertes de octubre de 2003 y su presunta negativa a declarar en el juicio contra Goni y Sánchez Berzaín; los gastos reservados; uso de fondos públicos para PAT, etc.

El oficialismo ha dado pasos concretos para involucrarlo con las coimas de la empresa Camargo Correa a funcionarios bolivianos y la pérdida del arbitraje con la empresa minera chilena Quiborax. En ambas situaciones, Mesa se ha defendido deslindando culpas, pero no ha conseguido librarse de las acusaciones.

En el primer caso,  por información llegada desde Brasil, la empresa Camargo Correa hizo dos pagos de coimas, por cientos de miles de dólares, el 19 de septiembre del año 2005 y el 20 de agosto de 2008. Es decir, que no se habrían dado durante el periodo de gobierno de Mesa, quien renunció en junio de 2005.

Ante la comisión parlamentaria opositora que investiga estos hechos, Mesa declaró que la investigación por los presuntos sobornos de la empresa Camargo Correa debe centrarse en las gestiones de Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales, toda vez que en esos periodos se pagaron las supuestas coimas. El expresidente  Rodríguez Veltzé ha ofrecido colaborar con la investigación en cualquier momento, pero se mostró distante de participar en algo que él define como “disputa política entre oposición y oficialismo”.

Otro de los aspectos con los que la comisión parlamentaria busca involucrar a Mesa en el pago de sobornos de la constructora brasileña es que una sigla que aparece como receptora de los pagos irregulares para la adjudicación de la carretera Roboré-El Carmen es CM.