“Si el matrimonio fundado en el amor es el único moral, solo puede ser moral el matrimonio donde el amor persiste.”-F.E.

Engels, en su ensayo sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, sostiene que la monogamia es la única forma en que pudo desarrollarse el amor sexual moderno; sin embargo, esto no quiere decir que se desarrollase exclusivamente como amor mutuo entre los cónyuges.  Explica cómo “el derecho burgués”  protege en el fondo esta supremacía ya que el fin de matrimonio, a través de la monogamia y la supremacía masculina, es preservar los bienes de la familia y asegurar su conservación por vía de la herencia.  

Para una pareja heterosexual, quizás la decisión más difícil sea decidir casarse o “vivirse nomás”; pero, para una pareja del mismo sexo lograr acceder a esa opción ha sido el verdadero problema. 

El debate por la legalización del matrimonio igualitario fue polarizado por conservadurismos religiosos y políticos, y no se sorprenda que alguno se llame: Tradición, familia y propiedad,  invisibilizando una realidad: la desprotección patrimonial existente en parejas del mismo sexo  por separación, negación de filiación al seguro de salud o el desconocimiento de derecho a pensión en caso de muerte.    

En julio de este año, compartía en este espacio mi entusiasmo por la decisión de la Sala Constitucional Segunda de La Paz de anular una resolución emitida por el Servicio de Registro Cívico (Sereci), que rechazaba el registro de la unión entre David y Guido, argumentando que la Constitución y el Código de las Familias solo autorizan las uniones libres de parejas heterosexuales.  

El 10 de diciembre, celebrando la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, recibimos la grata noticia de que se ordenó la inscripción  de la unión libre entre David y Guido, que hicieron historia porque esta decisión abre el camino para que otras parejas puedan ejercer los derechos que emergen de ella. 

La construcción de una sociedad más democrática y justa necesita personas que defiendan sus derechos y profesionales comprometidos que las acompañen, por ello va un reconocimiento especial a Mónica Bayá y Guido Ibarguen, los abogados que condujeron a buen término este proceso.