Medio: La Razón
Fecha de la publicación: viernes 18 de diciembre de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Tribunal Constitucional Plurinacional
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La Justicia ratificó el fallo inicial que anuló el mandato del magistrado Carlos Alberto Egüez por una denuncia de delito electoral. El magistrado permanece ejerciendo el cargo, pese a que el fallo que lo alejada del cargo es de cumplimiento inmediato, según lo recordó el propio Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
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La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca determinó que no procede la impugnación planteada por Egüez porque no puede impugnarse una resolución constitucional.
“Declara la improcedencia de la acción de amparo constitucional planteada por Carlos Alberto Egüez contra Carlos Ortiz Quezada y Marco Antonio Justiniano, vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Beni”, señala la resolución de los vocales María Beth Vásquez y Juan Carlos Mendoza, según publicó Correo del Sur en su versión digital.
La Sala Constitucional del Beni falló el 4 de diciembre, ordenando al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que declare la nulidad de la candidatura de Egüez. “Se tenga como ganador al que alcanzó la segunda mejor votación (la abogada Mariana Montenegro), debiendo además el Órgano Electoral dejar sin efecto el nombramiento y posesión del referido candidato, anulando además la credencial otorgada al mismo como autoridad judicial”.
El magistrado fue denunciado hace tres años por hacer campaña, cuando ello estaba prohibido para los candidatos judiciales. El fallo de la Sala Constitucional pasó a revisión del TCP, mientras Egüez permanece ejerciendo el cargo, en medio de un pronunciamiento de respaldo de sus colegas de la máxima instancia judicial de Bolivia.
El presidente del TCP, Paul Franco, aseguró el 8 de diciembre que las decisiones tomadas en las Salas Constituciones como en el caso Egüez “son de cumplimiento obligatorio e inmediato”.
Egüez dijo: “Tomando en cuenta que fue una resolución absolutamente ilegal, no podemos hoy después de tres años retrotraer un trámite a cuando era candidato para inhabilitar, ya no habrá seguridad para ninguna persona electa mediante el voto ciudadano”.
