La mayor señal de cambio que dio el gobierno de Luis Arce estuvo protagonizada por el ministro de Justicia, Iván Lima, en su intento por reformar la justicia convocando a una comisión de notables para elaborar un proyecto de reforma constitucional que elimine la elección popular de magistrados y recupere el principio de la meritocracia en las designaciones judiciales.

La intención de Lima y de la citada comisión era que el proyecto de reforma constitucional fuera presentado hasta el 20 de diciembre a la Asamblea Legislativa para su consideración, para que el 7 de marzo Bolivia, además de elegir autoridades subnacionales, pudiera celebrar un referendo de reforma constitucional.

La iniciativa era coherente porque de esa manera se aprovecharía la logística de las elecciones regionales y se evitaría gastar otra millonaria cifra para convocar más adelante a un referendo constitucional. Además de ser coherente, era urgente porque los jueces y fiscales siguen haciendo de las suyas de acuerdo con intereses políticos, personales y hasta económicos.

La reforma, tal como estaba planteada, tenía el apoyo de Comunidad Ciudadana por lo que se hubiera aprobado sin mayores problemas en la Asamblea Legislativa, donde se necesitan dos tercios de votos para ese cambio.

Sin embargo, el MAS frenó en seco el plan exigiendo que diferentes sectores de la sociedad sean consultados y con el argumento de que no era algo urgente, según dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

Durante el gobierno de Evo Morales  se han hecho consultas y cumbres con movimientos sociales y ha quedado demostrado que ese no es el camino para reformar la justicia, pero se busca insistir con la misma fórmula probablemente con la intención de tener el resultado desastroso de siempre y seguir controlando la justicia.

“Para nosotros no es lo más urgente, como en algún momento indicó también nuestro ministro (Lima), por supuesto que eso era una prioridad para él; sí, lo entendemos, pero tenemos que ser responsables con el pueblo boliviano y por eso es que hemos decidido avanzar de a poco, pero con pasos firmes”, dijo Mamani.

También es cierto que hubo voces no masistas que pidieron tiempo para concertar con calma una reforma judicial profunda y no faltaron los que pidieron incluir en el cambio de la Constitución un candado contra la reelección presidencial o un mecanismo para reponer los dos tercios de votos en el debate legislativo, los que fueron suprimidos por el MAS antes de que la vieja Asamblea abandonara funciones.

Es probable que se necesite más tiempo para debatir, pero el tema que estaba atado a la Constitución era bastante simple: suprimir la elección directa de los magistrados de los altos tribunales del Estado. En ese punto concreto existe consenso hasta con Evo Morales, quien reconoció que no fue una buena idea convocar a comicios para seleccionar jueces.

El caso es que ahora una reforma urgente ha quedado postergada sin fecha. Lo más grave del asunto es que los jueces siguen actuando de acuerdo con el signo político del MAS. Tal es así que prácticamente todos los acusados de ese partido ya fueron liberados de culpa, sus casos fueron cerrados o, en asuntos más graves, fueron enviados a detenciones domiciliarias. En cambio, en tiempo récord, se armaron imputaciones contra los opositores del gobierno de Jeanine Añez por diversas causas.

De hecho, ya era contradictorio que, por un lado, el ministro Lima estuviera impulsando una reforma judicial para eliminar la manipulación política de los fallos judiciales y que, al mismo tiempo, los jueces siguieran favoreciendo al MAS con sus decisiones.

Ahora queda esperar que Lima mantenga su plan, que encare el proceso de concertación que le exige su propio partido y que luego, cuando no haya más pretextos, se pueda emprender la ansiada reforma judicial. Entre tanto, el país tendrá que seguir bajo el arbitrio de jueces corruptos, interesados y manipulados. Y, pueden pasar años en la espera.