Como se sabe, bloquear, es decir, obstruir la circulación de vehículos o de personas cerrando caminos, carreteras o calles con diversos tipos de obstáculos, es un recurso frecuentemente usado en Bolivia para plantear demandas sociales, protestar o llamar la atención de autoridades, medios periodísticos y opinión ciudadana, como también para resistir o apoyar causas políticas.

Esta acción, como es lógico, desencadena siempre algunas reacciones, que bien son el rechazo de parte de otros grupos con los consiguientes debilitamiento y disolución de la protesta, el logro de una negociación con objetivos intermedios, la minimización, la disuasión o la represión por el poder establecido y, a la inversa, la solidaridad, la generalización y la eventual derrota del poder por los protestantes.

En las pasadas cinco décadas hubo cientos de bloqueos en el país. A veces bastaba con que un pequeño grupo se hubiese apoderado de una esquina para complicar la vida de la comunidad; en otras ocasiones fueron necesarias masivas movilizaciones capaces de cubrir espacios regionales o el nacional en su conjunto. Los motivos, los propósitos, la composición social, la legitimidad y la duración de los bloqueos fueron variables, al igual que sus resultados.

En todo este largo tiempo, más allá de habituales múltiples bloqueos específicos (vecinos de una zona que reclaman solución a un problema puntual) o sectoriales (comerciantes que resisten impuestos, transportistas que exigen elevar sus tarifas, cocaleros que quieren más plantaciones…), pocos tuvieron amplia significación: el obrero-campesino que acabó con la breve y brutal dictadura de Alberto Natush Busch en noviembre de 1979; el encabezado por las ciudades de El Alto y La Paz que dio término al cuestionado y al final violento segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, y el multisectorial y nacional que en octubre-noviembre de 2019 evitó la  reproducción de un régimen que se aprovechó de la base social, violó la Constitución y burló la voluntad popular.

El bloqueo, en estos tres últimos casos, fue un instrumento ciudadano de defensa y de recuperación de la democracia. Los hechos están ahí para verificarlo. No obstante, el fraude electoral de 2019 y lo acontecido en torno a él son ahora objeto de una campaña oficial de manipulación que está instrumentalizando abiertamente el aparato estatal.

El desconocimiento del No en el referendo constitucional de 2016, la posterior ilegal habilitación de los candidatos oficialistas para una forzada cuarta elección y, en 2019, la estafa perpetrada a los votantes, la renuncia voluntaria de los que gobernaban, el vacío de poder provocado y la violencia antisocial organizada por los después fugados hicieron parte de una secuencia que devino en su fracaso político. Para redimirse, y en particular salvar la escasamente recuperable imagen de un individuo, hoy buscan inducir una amnesia colectiva. Su objetivo no puede ser más claro: el “bloqueo de la historia”.

Si bien estos bloqueadores tienen una vasta experiencia en perturbar al resto de la población –recuérdese que incluso su jefe ofreció dar “talleres” a los que más tarde, con “pititas y llantitas”, lo echaron del poder–, este es un emprendimiento de otra naturaleza, más sutil, pero sumamente dañino, dado que atenta contra la memoria social.

La ejecución de ese plan, que comenzó aun antes de los comicios de hace un año, pretende desvirtuar la realidad de lo sucedido y convertir a los victimarios en víctimas. El montaje para ello está en curso. La recaptura de los espacios ejecutivo, legislativo y judicial se orienta también a ese fin, como lo evidencian declaraciones del encargado de la presidencia y de otras autoridades. El servicio diplomático mismo está al borde de metamorfosearse en agencia de relaciones públicas.

Frente a la conciencia ciudadana, “Bloquear la historia”, la consigna oficial del momento, no despojará de la verdad a las generaciones que la protagonizaron ni pasará la factura del maquillaje de un caudillo decadente a un país entero.