La Paz, 16 de diciembre (ANF).- Ramón Fernández de 38 años, es cacique de Río Grande, un experto conductor de moto en el bosque tsimán y un guía hábil en la visita a tres comunidades sin tierra, la suya, Jatatal y Palmira. Cada vez que ve un techo de calamina nos alerta que es de los interculturales, que las construyen para que sepan que esa tierra tiene dueño, aunque nadie vive en ellas.

Ramón, su esposa y sus cuatro hijos son una de las 100 familias de tsimanes sin tierra ni territorio. Las comunidades indígenas están asentadas a 30 o 40 kilómetros, al noreste de la carretera Rurrenabaque-Yucumo. En medio del bosque selvático sienten el desamparo y el olvido del Estado.

A medida que se ingresa al imponente bosque, los árboles se yerguen enormes como si tocasen el cielo, tramos que por lo tupido de la selva pareciera que la noche se anticipa. El aire es puro, y el olor es a tierra mojada.

La copiosa lluvia ha dejado huella, no tanto como los surcos que dejan las enormes ruedas de camiones y volquetas que transportan la madera extraída del bosque. Las motos patinan, resbalan y son forzadas a sortear las malas condiciones de los caminos vecinales.

El contacto con foráneos los ha obligado a salir de sus comunidades, a relacionarse con instituciones para defender sus tierras y a adoptar formas de vida moderna como el uso de celular o motos, no es un lujo sino una necesidad, pues salir o entrar a las comunidades les significa hasta seis horas de caminata.

Son grandes extensiones de bosque tal vez intocado, otros sectores descampados con pastizales, estancias privadas dedicadas a la ganadería; también se ven construcciones precarias de cuatro soportes de madera y un techo de calamina rodeada de maleza.

Las estancias, donde sí se puede ver movimiento de gente, son edificaciones de ladrillo y calamina, algunas propiedades están cercadas con alambrado. Los indígenas muchas veces terminan trabajando en estos chacos como jornaleros.

En cambio los interculturales construyen en apariencia sus casas para sentar presencia de propiedad sobre las tierras, dicen los corregidores con quienes conversó la Agencia de Noticias Fides en su visita a estas comunidades indígenas.

De 12 comunidades tsimanes, cuatro han obtenido sus títulos de tierra, de una está en proceso la resolución de autorización de asentamiento, las otras siete están en trámite de solicitud de dotación y en conflicto con los interculturales y campesinos que tienen resoluciones administrativas de asentamiento, precisamente donde están las comunidades indígenas.

Las comunidades tsimanes sin tierra son: San Julián, Jatatal, San Gabriel, Palmito, Flor de Mapajo, Palmira y Río Grande; las comunidades con título están en la reserva Pilón Lajas: San Antonio, 10 de Junio, Bajo Tacuaral y Palmito; y Aguas Negras está a punto de conseguir la dotación.

Los asentamientos sobre comunidades indígenas es el drama que originó el Estado a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), cuando hizo el saneamiento y declaró esas tierras fiscales e “invisibilizó” a los indígenas y empezó a hacer dotaciones a otras poblaciones.

Los tsimanes habitantes históricos por más de cinco décadas, nunca necesitaron papeles para vivir en esas tierras, pero cuando sintieron la “invasión” de gente foránea entendieron que para existir necesitaban de un documento que debía entregarles un Estado que para ellos nunca sentó presencia en sus vidas.

Las comunidades sin tierra se han organizado en la Central Colorado, comunidad indígena Tsimane, Rosendo Merena es el cacique mayor vive en una comunidad titulada, 10 de Junio, pero ha asumido el compromiso de liderar la lucha de los indígenas, para que obtengan sus títulos.

No está reconocida por la Confederación Indígena del Oriente Boliviano y tampoco por el Gran Consejo Tsiman, instituciones que aglutinan a las organizaciones de pueblos indígenas, pero son indiferentes e ignoran la realidad y las demandas de los tsimanes.

Los tsimanes expulsados de tierras donde vivieron por décadas

Los indígenas no entienden por qué “terceros” o “externos” ahora los expulsan, los echan como a “perros” de la que siempre fue su casa. “No somos como Escobar que dice que vive y que es su propiedad. Yo he vivido aquí toda la vida, desde que he nacido”, cuenta Ramón Fernández.

Pedro Gonzalo Escobar es un ingeniero que dice tener un título de propiedad precisamente en la comunidad de Río Grande, donde actualmente construye una casa y extrae madera, relatan el cacique y el corregidor, Miguel Cayabare

“Cuando ya llegó su título por encima de la comunidad, dijo: ‘ustedes no son dueños, yo soy dueño, aquí tengo mi título ejecutoriado’”, se lamenta Ramón. Este es otro caso de “sobreposición” de tierras.

El corregidor y el cacique sacan todos sus documentos para mostrar que han realizado las gestiones de titulación ante instituciones como el INRA, de la que esperan una respuesta positiva a su demanda. La comunidad de Río Grande es pequeña, tiene 17 familias.

Las dotaciones del INRA a comunidades campesinas están “arrinconando” a los indígenas tsimanes, “se están entrando a la quinta y sexta faja que es la tierra ancestral”, denuncia el corregidor Withman Merena.

En la comunidad de Jatatal se han reunido casi todas las familias, hombres, mujeres y niños; han improvisado en el umbral de la casa unos asientos con maderas gruesas, al medio día el sol es inclemente, y pese al calor la gente cuenta sus problemas.

Carmelo Tayo es corregidor en Jatatal, donde habitan 11 familias. Sus casas son construidas de madera y jatata, tienen su chaco para producir lo que la naturaleza les permite, arroz, yuca, frejol y mucha fruta.

“(Los interculturales) Tienen sus lotes y parcelas, pero se vienen aquí a robar madera, pero no tienen chaco. Ahí tienen su casa con calamina, pero no viven”, insiste para demostrar que solo ingresan al bosque para chaquear o para “saquear” la madera.

FOTO: De jatatal reu

Ismael Vie, habla en español con dificultad, mientras que su conversación en tsiman es fluido. La mayoría de los indígenas hablan en su lengua, muy pocos como los caciques o corregidores -por necesidad o por contacto con el mundo exterior- han aprendido castellano para comunicarse.

Es un comunario que había decidido irse de Jatatal por el acoso de los interculturales, pero retornó para seguir luchando por la tierra. Con nostalgia recuerda que antes eran felices porque no había empresarios ni interculturales que los atormenten. 

“Vienen grave los interculturales y no nos respetan. Quiere matarse (quieren matarnos), con las wawas y con la familia escapando (escapamos), dos noches nosotros (nos fuimos) al monte”, relata.

Su esposa Mónica Ista lo secunda, es de las pocas mujeres que se anima a hablar, en tono triste dice que son los “collas” que quieren quitarles sus tierras. “Nos dicen: ¡váyanse!”.

Las mujeres participan de la reunión, hablan entre ellas en su lengua y escuchan al cacique Rosendo Merena que se ha convertido en el traductor oficial del recorrido. Mientras tanto, sus hijos columpian en las hamacas o juegan en el suelo de tierra.

El problema de no tener la propiedad de la tierra les atrae otros líos, discusiones con los interculturales, apropiación de sus plantaciones, incluso denunciaron que su corregidor fue objeto de agresiones y que sus hijas están en riesgo.

Los problemas en la comunidad de Palmira donde habitan 17 familias son similares. Los indígenas no entienden por qué tendrían que abandonar su comunidad si siempre vivieron en esas tierras. El corregidor Roberto Maito cuenta que una prueba de ello es que tienen su “cementerio” donde están enterrados sus padres, abuelos.

El cementerio en las comunidades es como su memoria viva de que viven en esas tierras por décadas, que no son habitantes que llegaron para explotar el bosque, sino que lo habitan para preservarlo, para que la biodiversidad persevere.

El cementerio en Jatatal está a unos 20 minutos de caminata, no hay un camino todo es maleza, pero los indígenas conocen cada paso, en el recorrido muestran los árboles frutales, la yuca plantada y las plantas medicinales.

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Ellos hacen carne de la defensa de la naturaleza, mientras otros en paralelo teorizan y hablan de alertas para enfrentar el cambio climático, como la Organización de las Naciones Unidas. Los indígenas gritan, sin ser escuchados, de los riesgos de la explotación de la selva.

Los indígenas viven del territorio y de la naturaleza, la tierra es donde producen, donde se sientan en sus esteras para conversar, para comer, para jugar, los arboles les dan sombra y les dan frutas, las plantas curan sus enfermedades, pueden pescar y cazar.

Palmira tampoco tiene el ansiado documento de dotación de tierra, es más, el INRA llegó a verificar que habitaban en la zona, conversó con los indígenas, pero terminaron autorizando el asentamiento de las comunidades campesinas: Tres Amigos, Jerusalén y Yacuma C.

La permanente tensión entre indígenas e interculturales está provocando que las familias indígenas abandonen sus comunidades. En Jatatal eran 45 y quedaron 11, una comunidad denominada Vainilla desapareció porque los indígenas huyeron del conflicto, al igual que Cafetal Yacuma.

El mismo destino corre la comunidad de San Gabriel, de 18 familias apenas quedan seis. Mientras las comunidades campesinas Flor de Mayo y Patujú se consolidan como propietarios de la tierra.

Su corregidor Gabriel Merena cuenta que les iniciaron procesos y les quemaron sus casas, él fue una de las víctimas de esos atropellos lo que le obligó a trasladarse a la Central Colorado. Denunciaron ante la fiscalía sobre los abusos, presentaron fotos como prueba, pero no sirvió de nada porque no avanzó las investigaciones.

El destino de la comunidad de Flor de Mapajo es más incierto. Un día, las familias dejaron su comunidad con la promesa de que les reubicarían, pero el ofrecimiento no se cumplió; en la que fue su tierra se creó la comunidad campesina Primavera, la que se consolidó con una resolución de asentamiento otorgada por el INRA.

¿Cómo se sintieron cuando tuvieron que dejar sus casas, levantar a sus hijos y sus enseres para irse?, Juan Carlos Canare es joven, se pone de pie y expresa el sufrimiento de su comunidad que de la noche a la mañana las familias se vieron sin techo.

Las voces de los indígenas están cargadas de dolor, de impotencia, los rostros denotan tristeza, así se ve Candelaria Cacomare, una mujer pequeña y delgada, su preocupación son sus hijos para los que no avizora un mejor futuro, sino terminar trabajando en las colonias de interculturales.  

El Estado Plurinacional es suscriptor del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, sin embargo, su cumplimiento –por lo menos- en el caso tsimanes parece una retórica carente de contenido.

El artículo 14 de este Convenio dice que “deberá reconocerse a los pueblos indígenas el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, además que deben adoptarse medidas para salvaguardar este derecho. Pero no se cumple.

Los caciques y corregidores tienen guardados montones de documentos, han peregrinado por instituciones pidiendo que los escuchen, se movilizan en la medida de sus posibilidades económicas, pero su derecho a acceder a la tierra se viola día que pasa.

El Gobierno está obligado a “tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”, precisa el acuerdo internacional.

Fundación Tierra hace seguimiento a la situación legal de solicitudes de dotación de tierras, Alcides Vadillo, dijo a ANF que el gran problema es que los tsimanes “son invisibles a los ojos del Estado”, prácticamente no existen y no son incluidos a la nación boliviana.

 Motosierras y volquetas enormes rompen la armonía del bosque

En la travesía nos encontramos con un camión volvo que aguardaba que carguen la madera con un tractor pequeño que recogía los troncos tumbados; otra volqueta que tenía varios árboles enormes listo para abandonar el bosque; entrada la noche un camión de carga vacío ingresó por el camino vecinal con dirección quizás a Jatatal o a Palmira. 

En el camino entre Jatatal y Palmira el canto de las aves se funde con el ruido de una motosierra que se pierde entre la frondosa naturaleza, mientras una vagoneta intenta salir de un fango provocado precisamente por los enormes camiones que transportan madera.

Esa es una práctica diaria dice Fermín Maito de la comunidad de Jatatal, al menos tres empresas están “tumbando y aprovechando la madera”, bajo el argumento de ser dueños de la tierra y tener planes de manejo.

Las comunidades de interculturales han sido beneficiadas con la dotación de tierras, aunque los indígenas creen que su único interés es la extracción de madera, por eso no viven en la zona.

Los denominados balseros reúnen los enormes troncos de madera en puntos específicos desde donde las volquetas recogen la mercancía, una vez que sale del bosque es comercializada.

Carmelo Tayo comenta que sacan madera todos los días, en la mañana, en la tarde e incluso en la noche, nunca les muestran los documentos de plan de manejo solo es la palabra de los balseros de que tienen la autorización de la ABT.

Como los indígenas no son dueños de la tierra tampoco pueden hacer un plan de manejo de sus recursos naturales como establecen las normativas nacionales e internacionales, el Estado tiene la obligación de que los pueblos indígenas tengan el derecho preferente para su manejo.

Tumbar los árboles de manera indiscriminada tiene consecuencias, los indígenas lo saben “no es matar a los árboles ahí viven los animales, eso nosotros comemos. Cuando se va a explotar toda la madera vamos a estar preocupados, (porque) no va a haber animales”, afirma Gabriel Merena.

El sentimiento es de “avasallamiento” y “despojo” ligado a la tierra y a la destrucción del bosque, comenta Withman Merena, quien cuestiona al Estado Plurinacional que reconoce a los 36 pueblos indígenas y sus lenguas, pero no les reconoce el “saneamiento ancestral” de sus tierras.

Para Vadillo pesan las relaciones de poder y las decisiones en la dotación de tierra “son políticas”, señaló que por ejemplo el INRA y el Ministerio de Desarrollo Rural han sido coptadas por organizaciones  campesinas e interculturales que son hegemónicas, que tienen un nivel de organización importante y de acceso al poder, “ellos son parte del esquema del Gobierno y responde más a esos intereses”; a diferencia de las poblaciones indígenas que son “débiles” y “vulnerables”.

Mientras el Estado no proteja los derechos de los indígenas, se seguirán dotando tierras a campesinos que como símbolo de su poder continuarán construyendo casas de calamina sujetadas en cuatro columnas de madera que no las habitan.