El censo del año 1950 en Bolivia arrojó una población de 73,8% que vivía en el área rural, y el restante 26,2% en áreas urbanas. El punto de encuentro de la población en 50% urbana y rural se dio entre los años 1982-1983. En el ajuste del último censo del año 2012, la población urbana subió al 70% y por el patrón de comportamiento migratorio campo-ciudad que adquiere una tendencia ascendente, en el censo del año 2032, el 90% de los bolivianos viviremos en zonas urbanas.

Esta proyección no está escrita en piedra, pero habrá que repetir que además de ser una tendencia mundial, no estamos haciendo nada para modificarla.

La sociedad boliviana sostiene una impronta originaria indígena campesina, y así la ha trasladado a la Constitución, a las leyes, a los discursos oficiales y a los resultados electorales. Existen razones para reconocer esta realidad producto de la valorización y compromiso social y cultural expresado en lo plurinacional. Sin embargo, el reconocimiento que tenemos una población urbana creciendo tendencialmente en las cifras, pero no en los modos de vida, ha ido produciendo la irrupción de ciudades que concentran servicios y demandas, pero que aún no tienen respuesta oficial del Estado ni de sus habitantes.

No se trata de desconocer el origen rural de nuestra sociedad, es simplemente que debemos enfrentar las necesidades que la realidad nos está planteando. El problema no se resuelve con un discurso de confrontación campo-ciudad, de exclusión de lo rural, o de desconocimiento de lo urbano. El mundo está trabajando a marchas forzadas para encontrar equilibrios impuestos por la sostenibilidad de la vida en el planeta. 

El agua, la energía y lo alimentos no son producidos en las ciudades y quienes viven en el campo deben enfrentar dos tendencias inexorables: la satisfacción de servicios que se brindan mejor en concentraciones urbanas por la relación costo beneficio, y la carencia de condiciones mínimas para una vida digna en las áreas rurales, que provocan una presión migratoria que luego se convierte en estadística.

Vemos que el primer mundo está buscando sus orígenes rurales. En el mes de mayo, en París 600.000 personas, es decir, un cuarto de la población huyó de la capital hacia las zonas rurales por la pandemia. Similar situación se produjo en España, Alemania, Estados Unidos… habrá que recordar que las zonas denominadas rurales en todos esos países tienen la totalidad de servicios básicos que la población necesita para cumplir con las exigencias de la nueva normalidad y que además de salud, educación, caminos y energía, cuentan con la conectividad que les permite el teletrabajo, la compra en línea, el conocimiento y el relacionamiento humano.

Tenemos que reconocer que al no contar nuestras áreas rurales con esas condiciones, la presión migratoria se acrecentará y seguirá produciendo tensión en las ciudades y regiones receptoras y generando vacíos en las zonas abandonadas.

Estamos ingresando a un proceso electoral altamente provocador y con retos muy complicados. No se trata de generar mensajes apocalípticos, pretendo simplemente llamar la atención sobre una campaña electoral de alcaldes y gobernadores, que será la última bajo las actuales condiciones; la política ignora en los discursos el lugar donde vive la población y, por lo tanto, desconoce parte de la realidad de personas que viven entre dos espacios confrontados, manteniendo mentalidad rural cuando ya vive en ciudades.

 Esta disfunción cuando se traslada a lo urbano, con una población que desconoce la responsabilidad que significa vivir en ciudades, y las consecuencias que ello acarrea en normas de comportamiento, convivencia y modo de producción, produce las dificultades que se multiplican en el tratamiento de los desechos, el agua, el transporte, los mercados, la convivencia, la regulación y el ocio productivo.

A empellones, la realidad nos está obligando a debatir lo urbano y a vivir en ciudades. Aunque pareciera que no nos damos cuenta, está naciendo otro país.

 
Carlos Hugo Molina es abogado y ciudadano en ejercicio.