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Medio: ANF
Fecha de la publicación: martes 15 de diciembre de 2020
Categoría: Autonomías
Subcategoría: Autonomía Indígena
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La Paz, 14 de diciembre (ANF).- Los incendios en Bolivia causaron la pérdida de más de siete millones de hectáreas entre el 2019 y 2020 y entre las razones para que se dé esto, de acuerdo a expertos, es la expansión de la frontera agrícola, el fomento a grandes sectores empresariales y las normas que avalan quemas, pero la mirada se descuidó y la gente no se percató que el departamento del Beni es uno de los más afectados y son los pueblos indígenas de la Amazonía sur los que son más golpeados por estos escenarios.
En entrevista con ANF, Martin Gabriel Torrico Zas, sociólogo e investigador del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA Beni) afirma que los territorios indígenas de esa región sienten en la actualidad los impactos directos por estas medidas y normas, además asegura que durante esta década, este sector ha estado relegado de toda participación y consolidación como sujetos de derecho y libre determinación.
Esta temática y otras se encaminan en el marco de la campaña nacional "Bosques Para La Vida" del Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, con el objetivo de informar y sensibilizar a todos los actores involucrados y a la sociedad civil en general, sobre los impactos ambientales, sociales y económicos de los incendios forestales.
ANF: ¿Cómo ve la participación de los pueblos indígenas en el Estado en estos últimos diez años?
MT: Hay una amenaza latente. Comencemos por el 2010 hasta el 2019, en una década hubo un slogan que creo que es una consigna que ya se ha establecido y que se dice que no hay un Estado Plurinacional sin autonomía, específicamente al referirse a las autonomías indígenas. En ese sentido un se puede dar cuenta cómo los indígenas han estado peleando por su autonomía para ser reconocidos por este Estado, pero es algo que no se puede consolidar pese a estar incluso más de 11 años en este proceso como algunos territorios indígenas, que hasta ahora no pueden materializar este derecho por diferentes motivos, sobre todo por los marcos en los que está establecido el Estado y toda la batería de leyes que impedirían conseguir esa autonomía.
Es que hay leyes que respaldan los derechos de los indígenas, pero también el Estado impide que esta ocupación de espacios no sea traducido cabalmente en una mejor calidad en su ejercicio de derechos.
ANF: ¿Entonces los pueblos indígenas están relegados?
MT: Claro y eso claramente nos muestra el Estado, si bien reconoce 36 pueblos y naciones en la Constitución, no se logró construir una verdadera autonomía. Actualmente hay cuatro autonomías indígenas, algunas están en puerta para constituir su gobierno. Pero en estos últimos 10 años sólo son esas cuatro, una muestra de cómo el Estado en vez de facilitar y viabilizar las autonomías indígenas y el derecho, más bien está bloqueando e impidiendo que los pueblos indígenas no ejerzan sus propios gobiernos.
ANF: ¿Cuál es el grado de participación y de importancia de los pueblos indígenas de la Amazonía Sur del país en el nuevo modelo de desarrollo?
MT: Los indígenas de tierras bajas desde hace mucho tiempo han sido relegados de un modelo de desarrollo de país. Y eso tiene muestras claras y concretas, por ejemplo el nuevo modelo de desarrollo del Beni está expresado en su Plan de Uso de Suelos (PLUS), que expresamente excluye como sujeto de desarrollo a los pueblos indígenas y además incorpora una nueva categoría de uso de suelos qué más bien estaría fortaleciendo este nuevo modelo de desarrollo que se ha decantado por el extractivismo agropecuario y por la expansión de la frontera agrícola con los monocultivos. Así que este nuevo modelo de desarrollo que anda con fuerza en el departamento del Beni en lo respecta a la Amazonía Sur es impulsado por este nuevo plan de uso de suelos. Básicamente Es una herramienta de planificación.
Ya se tenía desde el año 98 diseñado el plan de uso de suelos y fue puesto en ejercicio y promulgado desde el 2002. Pero se incorpora, se diseña y promulga mediante ley departamental, cuando en realidad no había la necesidad, porque la característica de los en esta región están bien establecidos y tendrían que ocurrir eventos naturales muy fuertes y muy radicales como para que cambien, pero a eso se llama un proceso de consultoría para realizar este plan de uso de suelos que relega como sujeto de derecho a los pueblos indígenas.
ANF: ¿Cómo se los excluye del PLUS?
MT: Es una forma de exclusión, porque los territorios indígenas áreas y protegidas estarán excluidas de cualquier intervención en base a las categorías de uso de suelos. Esto quiere decir que la nueva categoría de suelos que se está incorporando con la producción de granos y oleaginosas no es la manera de producir de los pueblos indígenas y a esto se suma decir que los territorios indígenas con sus autonomías pueden decidir sus modelos de desarrollo, es excluirlos del modelo de desarrollo que se está incorporando en el Beni y que está de alguna manera rebalsando lo que ya se tiene excedido.
El mismo PLUS incorpora la categoría de adaptación de los suelos, y esto significa que mediante la incorporación de calcáreos y otro tipo de químicos se podrían adaptar los suelos a la producción DE oleaginosas y habilitar campos del pastoreo para ganado. Así que claramente el nuevo modelo de desarrollo es el incentivo de la ganadería extensiva y la producción como la soya de monocultivos.
ANF: ¿De qué manera está afectando tumbar bosques enteros a los pueblos indígenas?
MT: Evidentemente la expansión de la frontera agrícola significa tumbar bosques, y esto afecta porque los territorios indígenas no son islas desconectadas del ecosistema y su alrededor, es negligente decir que los pueblos indígenas y los territorios no van a padecer por esto, pero a la vez tumban los bosques que están alrededor de estos territorios.
Además el uso de químicos que se harán en estos nuevos cultivos de manera directa, afectará a los bosques que protegen a los territorios indígenas. Todo esto está demostrado en lo que ha sucedido el 2019 y el 2020. El pasado año se quemaron 5.3 millones de hectáreas de las cuales 1.7 millones han sido quemadas en el departamento de Beni, este año se han quemado en el departamento del Beni 1.9 millones de hectáreas, esto es grave. Aunque lo grueso ha estado en la Chiquitanía, lo triste es que nadie mira lo que pasa en el Beni.
Las estancias ganaderas y granjeros habilitan campos de pastoreo en zonas de las quemas. Pero lo alarmante es que se están quemando bosques.
La mayor proporción de esa superficie quemada del Beni, por ejemplo, es de bosques no es de pampa ni pasturas.