Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: lunes 14 de diciembre de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
Ante la determinación del 23 de noviembre que la jueza Claudia Castro de anular el proceso penal interpuesto por el expresidente Carlos Mesa en contra de Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera y exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Zaconeta, Carlos Romero, y otros involucrados en el caso fraude electoral, CC hizo conocer un comunicado donde apunta a que la justicia “se mantienen a las órdenes del Movimiento Al Socialismo (MAS)”.
“Deploramos la decisión política de la jueza Castro, que refleja una vez más que los operadores del sistema judicial, no solo se mantienen a las órdenes del MAS, sino que han perdido legitimidad y respeto por las leyes y la noble profesión del derecho”, indica textualmente en una primera conclusión.
CC añade que esto es además una afrente a la democracia que pretende cambiar la verdad histórica de los hechos. “Esta determinación, promovida por el MAS y ejecutada por sus jueces, y que constituye una afrenta a la democracia y al pueblo boliviano, no puede cambiar la verdad histórica de los hechos, evidenciada por el pueblo y sustentada en informes técnicos de organismos internacionales, que demuestran que el 2019 se cometió un gigantesco fraude electoral, planificado, activado y ejecutado para beneficiar a los entonces Presidente y candidato Evo Morales, y vicepresidente y candidato Álvaro García Linera”.
Mesa advierte además que el MAS pretende “posicionar la idea de un falso golpe de Estado, para criminalizar la vida política e iniciar una persecución judicial contra los líderes políticos y sociales, que en noviembre de 2019 y ante el fraude electoral, defendieron la democracia y sus instituciones con movilizaciones pacíficas que terminaron con la renuncia del expresidente”.
CC cree también que queda en evidencia “la necesidad urgente de recuperar el sistema judicial del control político, que ha convertido a un Órgano del Estado, en un mecanismo de corrupción, ineficiencia e inmoralidad, al servicio de intereses personales y partidarios”.



