“El Tribunal Supremo Electoral, como lo ha señalado en reiteradas oportunidades, es respetuoso de las decisiones que adopten los otros poderes del Estado en el marco de sus atribuciones y competencias”, afirmó Romero a la red Unitel, consultado sobre la decisión de la jueza Claudia Castro.

Castro emitió la Resolución 408/2020 en la que ordena la anulación y archivo de la investigación contra Morales, Álvaro García, los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Zaconeta, Carlos Romero y otros involucrados en la denuncia de fraude electoral.

Según el documento, la resolución judicial fue emitida debido a que el TSE no logró internamente resolver si hubo o no fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019, anuladas ese mismo año.

La denuncia de fraude electoral derivó de un informe de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, a poco de las justas, denunciaron irregularidades. Poco después, y de oficio, la Fiscalía inició una investigación que acabó con varias exautoridades electorales nacionales y departamentales en la cárcel.

En junio, el ente electoral se sumó a la denuncia de fraude electoral. En el momento que presentó en ese entonces se querelló contra autores, cómplices, instigadores y/o encubridores de la presunta comisión de delitos electorales de falsificación de documentos o uso de documento falsificado”, manipulación informática y alteración y ocultación de resultados.

También se contemplan los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.